El proyecto de ley que busca eliminar a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) debe consultarse con todos los sectores para fortalecerlo, así lo aseguran los productores y los industriales.

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De acuerdo con el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), el proyecto de ley es positivo, ya que tiene como finalidad proteger la producción nacional; sin embargo, debe estar enfocado en eliminar trámites obsoletos y buscar mecanismos de validación modernos que integren la tecnología y que puedan ser verificados en tiempo real.

"Debemos evitar caer nuevamente en las ineficiencias existentes en cuanto a la entrega de registros sanitarios y permisos de importación de materias primas, vitales para el desarrollo de la industria nacional", manifestó el sector industrial.

Agregó que prepara un documento para presentar algunos aportes que permitirán robustecer la propuesta para beneficio de la producción nacional.

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El sector productivo nacional requiere de una autoridad que pueda velar por la producción nacional, es la aspiración del sector productivo, por lo que esperamos que la nueva institución conocida como Servicio Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de Alimentos (Senta) pueda llenar las expectativas que tiene el país para facilitar el desarrollo de la industria nacional, resaltó el SIP.

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Según el ministro consejero del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Carlos Salcedo, la oficina tendrá como función agilizar los trámites y procesos de importaciones de aquellos productos que no son sensitivos y de facilitar las exportaciones.'

$300

cobra el Minsa por el registro sanitario de los animales, sin embargo, la Aupsa no cobra por los rubros importados.

200

dólares pagan los productores al Minsa para que le certifiquen la fábrica.

Además, funcionará como una ventanilla única para realizar la tramitología de aquellos productos que no son sensitivos y que representan el 98% de los productos que se importan en el país.

A juicio del Sindicato de Industriales de Panamá, existen muchos obstáculos burocráticos y procedimientos administrativos inoperantes que siguen afectando el crecimiento de la industria nacional, en ese sentido, explicó que se requiere de una institución moderna, adecuada a las nuevas reglas de los negocios globales.

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Actualmente todo documento de importación debe ser legalizado ante un consulado panameño o por apostilla y traducido al español, lo que implica un problema de costo y tiempo, dificultando el trámite de registro.

En los últimos años Panamá ha dependido de la importación de productos de bienes en gran medida, con un gasto de más de 10 mil millones de dólares anuales, cuando el Canal de Panamá y el sector turismo aportan al Estado $1,600 millones y 6 mil millones de dólares, respectivamente.

Esto se desprende de las cifras de la Contraloría General que detallan que del 2014 a la actualidad se ha importado en bienes la suma de 66 mil 654 millones 616 mil dólares.

El presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí, Lorenzo Jiménez, coincide con el SIP y añadió que se debe incluir el control previo a los productos y no de manera posterior.

"Las importaciones se seguirán dando en el país porque no somos autosuficientes, pero hay que aprobarlas de manera ordenada para que no afecten más a los productores en tiempo de cosecha. No perdemos la esperanza de que a futuro la producción nacional aumente y no dependamos tanto de las importaciones", señaló Jiménez.

Antes que el proyecto sea discutido en la Asamblea Nacional, se hará un periodo de consultas con los sectores interesados en el tema en cada una de las provincias para mejorar la propuesta.

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