Reemplazo de bono debe estar al alcance de familias que tengan bajos ingresos

La apuesta del Gobierno para llenar el vacío que dejó el Bono Solidario de Vivienda será los intereses preferenciales.

El presidente José Raúl Mulino informó que se reuniría con directivos de los bancos del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda con el ánimo de lograr un mecanismo rápido para cancelar la deuda con los bancos en concepto de intereses preferenciales.

De esta manera, el mandatario confía en que los bancos "abran las llaves para financiar proyectos de construcción y dar las hipotecas".

Para consolidar esta alternativa, la actual ley de intereses preferenciales, la No.399 de 25 de septiembre de 2023, será sometida a cambios que deberán ser aprobados por la Asamblea.

La franja más baja de la norma, subsidia 4% en los préstamos para vivienda a nivel nacional, por un periodo de 10 años, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de 45 mil dólares y no exceda de 80 mil dólares.

Gabriel Diez Montilla, vicepresidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) espera que en los primeros meses del año entrante, se tenga un programa que reemplace el bono solidario y que haya un sistema que garantice al panameño que pueda acceder a comprar su vivienda propia.

Ya que la solución se inclina por los intereses preferenciales, Diez Montilla expresó que han sostenido conversaciones con autoridades para que se trabaje en una banda que le permita una letra al comprador para que la pueda pagar en base a su salario.'

El Bono Solidario de Vivienda nació en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-14) y consistía en un aporte de 5 mil dólares, que luego subió a 10 mil dólares, para cubrir el costo de la vivienda sujeta a préstamo hipotecario.

El programa terminó el 30 de junio pasado con una pesada deuda que provocó que el Gobierno actual no lo continuara.

Esta no fue la única deuda que heredaron las actuales autoridades del Ministerio de Vivienda que han volcado sus esfuerzo en tratar de saldarlas.

La actual ley concede intereses preferenciales de hasta de 4% a viviendas con costo máximo de 80 mil dólares.

"Entendemos que una vivienda de 180 mil no califique, por su naturaleza, pero, definitivamente, una vivienda de 60 mil dólares si necesita apoyo estatal", dijo el representante de Capac.

De igual manera, piensa que hay que buscar un sistema que permita extender los intereses por un periodo más largo y así lograr algo en beneficio de las familias.

El fin del bono solidario ha representado un golpe al sector de la construcción, por lo que conlleva que una familia no pueda calificar para tener vivienda propia.

"Esa vivienda no adquirida ha reducido la compra y los contratistas de cemento, bloque, concreto y acero no podrán vender; la ferretería de barrio no vende, el gran productor no vende, el importador de acero no vende y el fabricante de láminas de zinc no vende", resumió.

Diez Montilla no duda que esta situación se revertirá en beneficio de la mayoría, pero tomará tiempo.

"Poco a poco tendrá impacto en la economía, generará empleos y dinamizará el sector", afirmó.

La deuda que dejó el Bono Solidario de Vivienda al Ministerio de Vivienda fue cercana a los $200 millones, que se ha estado reduciendo con esfuerzo.