Régimen especial no impactará a todas las Mipymes del país

Luego que el Gobierno Nacional creara un régimen especial de impuesto sobre la renta aplicable a las micro, pequeñas y medianas empresas, empresarios y emprendedores, miembros del sector aseguran la intención no es mala, pero no llegará a todos.

Alicia Jiménez, presidenta de la Cámara de Comercio de Chepo y coordinadora técnica de los economistas de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura (Fedecámaras) la intención no es mala, pero hay una amplia distorsión de lo que están aplicando.

"No podemos decir que la intención es mala, pero hay una distorsión de lo que se está aplicando. Una cosa es dar un alivio fiscal para rebajar el impuesto sobre la renta; sin embargo, cuando se analiza que empresas se van acoger, la mayoría no está en ese rango. Aunque esto puede ayudar impulsar la recaudación en la Dirección General de Ingresos (DGI)", señaló.

Jiménez dijo que la mayoría de los empresarios no han facturado lo suficiente porque la economía para los primeros meses del año es un poco lenta.

"Obviamente, la intención va a favorecer a las empresas que han tenido un movimiento durante el año 2020 como alimento, agricultura, servicio, medicina y con una facturación del 500 mil dólares anuales", añadió.

Jiménez resaltó que hay incongruencias en las políticas económicas financieras del país que no ayudan a los empresarios a salir de la crisis.

Añadió que las pocas empresas que se decidieron a reabrir, han retrocedido porque los ingresos no son suficientes para sostener la operación.

La modificación del Código Fiscal, propuesta por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, establece un régimen especial tarifario a partir del período fiscal de 2020 para personas jurídicas de acuerdo al ingreso total anual de las micro, pequeñas y medianas empresas, empresarios y emprendedores.

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Si el ingreso total es de hasta $11 mil, el impuesto a pagar sobre la renta neta gravable será de 7.5%; de $11 mil a $36 mil, pagará 10%; de $36 mil a $90 mil, el 12.5%; de $90 mil a $150 mil, el 15%; de $150 mil a $350 mil, el 20%; y de $350 mil a $500 mil, pagará 22.5%.

La norma también exceptúa del pago de impuesto complementario a las personas jurídicas debidamente inscritas en el Registro Empresarial de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y que no sean el resultado del fraccionamiento de una empresa que resulte en varias personas jurídicas, ni sea afiliada, subsidiaria o controlada por otras personas jurídicas.

Quedan exentos también quienes perciban ingresos brutos anuales que no excedan los $500 mil y aquellas en las que las acciones o cuotas de participación sean nominativas y que sus accionistas o socios sean personas naturales.

En Panamá las micro y pequeñas empresas constituyen más del 90% del total de empresas existentes, a pesar de que sólo representan el 30% de la producción nacional, es el sector con mayor generación de empleos.

Sino ayudamos a las Mipymes que ya están constituidas a no cerrar, no será imposible una recuperación del sector, aseguró la economista.

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El pasado mes de septiembre la Fedecámaras, hizo una encuesta donde 43 mil empresas iban a tener que ser rescatadas, sin embargo, esa cifra ha variado porque muchas ya han se han declarado en quiebra, de acuerdo con Jiménez.

En cuanto al apoyo que están solicitando al Gobierno para rescatar las empresas y empleos, Jiménez dijo que la iniciativa está en borrador en el Asamblea Nacional solo que no han tenido una respuesta del Gobierno Nacional para impulsarla.

Para el expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada dijo que este tipo de propuestas debe ir acompañada de soluciones al desempleo.

"Se están dando muchas ideas innovadoras, pero cuando la vemos en la ejecución no hay los resultados esperados. Es importante aplicar políticas públicas que vayan encaminadas en favorecer el emprendimiento y la generación de empleos", expresó.

A la fecha el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tiene registrado que el 36% de los contratos han sido reactivados, mientras que 180 mil aún siguen suspendidos a la espera de la nueva orden del Decreto Ejecutivo 229 que señala que los empresarios deben ir reintegrando gradualmente a sus trabajadores a partir de enero 2021.