Superintendencia de Seguros y Reaseguros pide reforzar controles en la contratación de pólizas
Fondos son administrados por las aseguradoras para brindar atención médica a los funcionarios o realizar el pago de indemnizaciones.
El servicio aligera la carga del sistema de sanidad pública. Archivo
Las iniciativas legislativas que buscan prohibir la contratación de seguros privados a funcionarios públicos, según la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSR), tendrán un efecto multiplicador en la economía porque, además de afectar las oportunidades de negocio de las aseguradoras, saturarán el sistema de salud pública y aumentarán los niveles de desempleo.
Aunque el superintendente Luis Enrique Bandera señaló que entiende los motivos que impulsan dichos proyectos, le preocupa que sus consecuencias, en lugar de garantizar la transparencia, rendición de cuentas y uso adecuado de los fondos públicos, agraven la situación económica actual y pongan en riesgo al sector.
Explicó que estos fondos son administrados por las aseguradoras para brindar atención médica a los funcionarios o realizar el pago de indemnizaciones a sus beneficiarios; por lo tanto, no debe entenderse que las entidades realizan estos desembolsos sin una contraprestación del servicio.
Bandera considera que, en lugar de prohibir estas contrataciones, los diputados deberían reforzar los mecanismos de adquisición de estos servicios, incorporando sanciones por su incorrecto manejo y normando sobre las coberturas mínimas, vigencias y costos, según la cantidad de empleados y beneficiarios.
Reiteró que las decisiones que vayan a tomar deben estar encaminadas a que el uso de estos fondos se traduzca en beneficios para la ciudadanía, como precisamente ocurre al aligerar la carga del sistema de sanidad pública.
"Se entiende la preocupación de los diputados cuando se escucha sobre los montos de los pagos realizados por el Estado en concepto de seguros (…), pero a nuestro parecer cumplen su función de beneficio al funcionario público", aseguró en una misiva enviada a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.
El Estado panameño destina aproximadamente 160 millones de dólares anuales al pago de este servicio.