Fiscalía Anticorrupción archiva denuncia por presunto abuso de autoridad contra el alcalde Mayer Mizrachi y funcionarios municipales

La Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia No. 202500020203 presentada por presunto abuso de autoridad contra el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, y varios funcionarios municipales, tras concluir que no se cometió ningún delito durante el procedimiento de retiro de una estructura comercial instalada en espacio público.

La investigación determinó que las actuaciones de la Alcaldía de Panamá se realizaron en cumplimiento de las normas vigentes y dentro de las competencias legales establecidas por los Acuerdos Municipales No. 24 de 2016 y No. 132 de 2019, los cuales facultan al municipio a regular y ordenar el retiro de estructuras no autorizadas en aceras y servidumbres públicas.

El expediente también señala que la parte denunciante no contaba con permiso municipal de uso de espacio público, requisito obligatorio para ejercer actividades comerciales o de economía informal en áreas bajo administración municipal.

Asimismo, la resolución aclara que la normativa del Ministerio de Obras Públicas citada en la denuncia no aplica en este caso, ya que dicha entidad solo autoriza obras de infraestructura pública y no el uso de espacios públicos para actividades comerciales.

Con base en el artículo 275 del Código Procesal Penal, la Fiscalía determinó que los hechos investigados no constituyen delito, por lo que dispuso el archivo del caso.

Esta decisión reafirma que las actuaciones municipales se realizaron dentro del marco legal y administrativo, en cumplimiento del ordenamiento y la regulación del espacio público en la ciudad capital.

Previamente también se han archivado otros procesos contra el alcalde, quien ha mencionado que por estas situaciones la gente buena se mantiene en ocasiones al margen del servicio público.'

La resolución aclara que la normativa del MOP citada en la denuncia no aplica, ya que dicha entidad solo autoriza obras de infraestructura pública y no el uso de espacios públicos para actividades comerciales.

La decisión reafirma que las actuaciones se realizaron dentro del marco legal.