Trabajo Decente: ¿Qué compromiso adquirió Panamá?

El Gobierno de Panamá firmó un Memorando de Entendimiento en el que afirman su compromiso de colaborar en la implementación del Programa de Trabajo Decente para Panamá 2024-2027, que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se trató de un proceso participativo y de consulta que inició hace cuatro meses con un propósito en común: consensuar una propuesta de ruta crítica y adopción del Programa de Trabajo Decente de Panamá, indicó la ministra de Trabajo, Doris Zapata. 

El proceso tripartito ayudará a que Panamá pueda decir dónde caminar y con la instalación del Comité de Seguimiento pueda efectivamente tener los resultados esperados por todos los sectores, indicó Isabel Guzmán del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato). 

El director de la OIT, Juan Hunt, manifestó que el Programa de Trabajo Decente es una pieza fundamental para la Coalición por la Justicia Social y la Agenda 2030.

“Esta construcción que hoy impulsamos no va a ser posible sin el concurso de todos los socios para el desarrollo presentes aquí. Los retos son de tal envergadura que sin el concurso de todos no seremos capaces de modificar la situación y de mejorar la vida de los panameños y las panameñas. Por ello les proponemos que nos implicamos todos, que iniciemos la marcha de la Coalición Global por la Justicia Social en este país y que nos permita esto poner las bases de este nuevo contrato social para Panamá", señaló Hunt. 

Entre los compromisos adquiridos por el gobierno, la empresa privada y gremios de trabajadores incluye las líneas estratégicas y resultados esperados en cada una de las cuatro áreas prioritarias que ya fueron consensuadas por los tres sectores para el periodo 2024-2027. 

El documento destaca el compromiso de promover y velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, principios y derechos fundamentales del trabajo, así como promover políticas públicas coherentes, integrales, inclusivas y equitativas para la generación de empleo que ofrezcan las garantías sociales y económicas, en equidad y atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad, con énfasis en los jóvenes y con enfoque de género.

Igualmente, plantea extender, de manera integral y sostenible, la cobertura y suficiencia de la protección social y laboral de las personas trabajadoras y sus dependientes, además de fortalecer el diálogo social para el cumplimiento efectivo de los acuerdos tripartitos y bipartitos que se generen entre trabajadores y empleadores.

Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), manifestó que el trabajo decente debe ser una prioridad para el país y una forma de hacer negocio para el sector empresarial.

Rosas aseguró el compromiso por parte del sector empresarial con la responsabilidad social empresarial y el interés por impulsar una sociedad justa y equitativa, que brinde una oportunidad para todas las personas. 

El mecanismo de gobernanza del Programa de Trabajo Decente para Panamá 2024 - 2027 está constituido por un Comité de Seguimiento tripartito integrado por igual número de representantes (tres titulares y tres suplentes) del Sector Gobierno (MITRADEL), Sector Empleador (CoNEP) y del Sector Trabajador (CONATO, CONUSI); junta a representantes de la Oficina de la OIT en San José (titular y dos suplentes).

Este comité tendrá la responsabilidad de velar por la implementación del PTDP y proporcionar orientaciones de política a la Oficina de la OIT en San José y a los socios en la implementación del PTDP a fin de asegurar el logro de los resultados propuestos y de adoptar los ajustes que fueran pertinentes de modo que el PTDP se mantenga alineado con las prioridades nacionales.

Así como garantizar que las prioridades estratégicas, resultados esperados y metas establecidos en el PTDP se integren a otros esfuerzos nacionales y al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2022-2026.

Tanto el Gobierno, como las organizaciones de empleadores y de trabajadores y la OIT coinciden en que la articulación y coherencia de las normativas y las políticas económicas, sociales y laborales son de fundamental importancia para el desarrollo sostenible e inclusivo con justicia social, trabajo decente, empleo productivo y empresas sostenibles.

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