Turbio manejo del FECI

Para algunos banqueros, el Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) es una distorsión en el negocio bancario, ya que crea un impuesto al financiamiento comercial y personal.
Así lo expresó, el expresidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Luis Navarrro, quien ha seguido de cerca el tema en cuestión.
En su momento, los agremiados a esta asociación, manifestaron que mantener vigente una ley que establece un recargo fijo del 1% a todos los prestamos personales y comerciales debe ser eliminado o reformado.
Pero ahora el tema toma más importancia cuando la procuradora de la administración, Alma Montenegro de Fletcher, solicita a la Corte Suprema de Justicia declarar ilegal el traspaso de estos 45 millones de dólares a un fondo general en la cuenta 210-11 del Tesoro Nacional.
Esto deja en evidencia que el espíritu inicial de la ley era violentado, con el propósito de balancear el déficit general del Estado, reteniendo los ingresos del FECI y mejorando así las cuentas.
Antes del 22 de diciembre del año 2000 y a casi unos días de finalizar el período fiscal de ese año, el contralor de la República, Alvin Weeden y el ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, curiosamente ordenaron el traspaso de los dineros del FECI que ascendían a 45 millones de dólares a la cuenta del Tesoro Nacional como parte de un fondo general.
En esta cuenta también se encontraban otras sumas de dinero para propósitos generales.
Lo anterior a juicio de Fletcher era totalmente ilegal ya que no coincidía con el principio, que era otorgar créditos al sector agropecuario a una tasa de interés preferencial.
Cuando se creó el FECI se establecía que el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) iba a ser el encargado de realizar los préstamos al sector e igualmente todo saldo disponible en el fondo producto de las amortizaciones a estos créditos serían nuevamente otorgados para otros productores que presentarán proyectos rentables.
No obstante, con el cambio en la norma del FECI, el anterior gobierno ingresaba parte de estos fondos al presupuesto de rentas para incrementar sus ingresos, explicó en su momento el abogado, Mario Velázquez Chízmar, cuando presentó la denuncia ante la Procuradora de la Administración.
La inquietud era cómo la Superintendencia de Bancos que debía ser la garante de la ley N°4 de 1994 que creó el FECI, aprobó la medida de las autoridades. Por esta razón, el presidente Martín Torrijos denunció el traspaso.
A lo anterior se le añadió la dificultad para obtener información sobre los desembolsos hechos a los productores, dijo la economista de Arden and Price, Luisa Turolla.
Pero por ahora el tema ha sido suspendido indefinidamente en Centroamérica.
Por lo menos el ministro de Fomento de la Industria y el Comercio de Nicaragua Arana sostiene que el tiempo va a ser necesario para alcanzar la unidad aduanera y deberá ser discutido con los presidentes de la región para ver si será realizada en 3 ó 15 años.
Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala pospusieron de enero a diciembre del 2004 la eliminación de las aduanas en sus fronteras comunes, pero a dos meses de que se cumpla el plazo, se anuncia el nuevo atraso.
La Unión facilita el comercio y el intercambio. Y es la posibilidad de tener un bloque comercial centroamericano, y elimina el concepto de un producto extranjero.
Es necesario integrarse, de lo contrario se afectará la competitividad. Ejm: los centroamericanos trabajan con registros sanitarios únicos, de manera que un producto farmacéutico que se registra en Guatemala, sirve para introducir los productos en cada uno de los países. Esto crea desventaja, por eso Panamá debe integrarse.