UAF apela a cumplimiento por parte de los abogados
Más de 2,500 abogados se han inscrito en el Sistema Privado y Único de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y sus beneficiarios finales.
Panamá participó en conversatorio organizado con las unidades de inteligencia financiera (UIF) de Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Panamá. Foto: Cortesía
Un incremento en los reportes de operaciones sospechosas (ROS) por parte de los abogados dan cuenta de la integración alcanzada por este sector, destacó Isabel Pérez, directora de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF).
A la fecha, más de 2,500 abogados se han inscrito en el Sistema Privado y Único de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y han registrado a los beneficiarios finales de empresas en las que ellos actúan como agentes residentes, indicó Pérez durante el conversatorio: 'Hablemos de Prevención', en el que participaron homólogas de Paraguay, República Dominicana y Ecuador.
Pérez destacó el trabajo de integración del sector privado a través del Colegio Nacional de Abogados, y el sector público, desde la Procuraduría General de la Nación, el Órgano Judicial y a nivel universitario.
Representantes de las Unidades de Inteligencias Financieras de la región reconocen las dificultades para la implementación de la Recomendación 22 del GAFI y la integración de los abogados como sujetos obligados no financieros.
En Panamá, al igual que el resto de los países, no todos los abogados son sujetos obligados dentro la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
No obstante, Pérez aclaró que previo a la Ley 23 del 2015, desde enero del 2011 ya los abogados estaban obligados, por ley, a realizar una debida diligencia enfocada a conocer a sus clientes, y mantener expedientes actualizados por plazos de cinco años.
En Panamá son 11 las actividades de abogados sujetas, entre ellas: la compra y venta de inmuebles, administración de dineros, valores bursátiles, administración de cuentas bancarias, así como formar parte en administración de empresas, fideicomisos, fundaciones, y como para del sector accionarios de esas sociedades.
Al 31 de mayo se han realizado un total de 8 jornadas de capacitaciones a los abogados, 4 exclusivas de la UAF, y 4 en colaboración con la Superintendencia de Sujetos no Financieros, con la participación de 440 abogados.
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Pérez advierte que pese a las demandas inconstitucionales interpuestas, Panamá está avanzando en la cultura de cumplimiento por parte de este gremio.
Durante el primer trimestre del año, la UAF recibió un total de 12 reportes de operaciones sospechosas por parte de abogados, según datos de la entidad.
María Elisa Holguín, UAF de República Dominicana, resaltó la preponderancia de los abogados en la toma de las mejores decisiones de sus clientes y potenciales clientes para garantizar inversiones seguras y competencia leales, garantizando un clima de inversión favorable y garantizando la integridad del sistema financiero de cada país.
Para Carla Mera Proaño, directora general de la UAFE en Ecuador, considera a los abogados aliados estratégicos, que los convierte en un sector no apetecible para las organizaciones criminales.
La abogada Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad de Paraguay, considera que el desafío se debe centrar en los reguladores y su capacidad de preparar a los sectores afectados, darles las herramientas y acompañamiento en su maduración. Pereira concluyó que la prevención de los delitos financieros es tarea de todos, considerando que el dinero sucio puede permear cualquier actividad.
El equipo liderado por la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) presentó argumentos de los avances y los puntos que están pendiente, y Panamá espera para el segundo semestre respuestas.
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