Los empresarios ven como ilógico e incoherente que después de haber dado en dos ocasiones la razón a los justos reclamos de Panamá, sea ese mismo organismo, que ahora le dé la contra.
Desde el año 2012 inició la disputa arancelaria entre Panamá y Colombia y desde entonces ha vivido varias etapas
Luego de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) concluyerá que Colombia, sí cumplió con el retiro de los elevados aranceles que había impuesto sobre los textiles y calzados, exportados hacia ese país, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón se manifestó en contra.
Los empresarios ven como ilógico e incoherente con la jurisprudencia suscitada en el derecho internacional, que después de haber dado en dos ocasiones la razón a los justos reclamos de Panamá, sea ese mismo organismo, que ahora le dé la contraria.
Reconocieron que el Estado colombiano levantó los elevados aranceles contra los textiles y calzados procedentes de la ZLC, sin embargo, han advertido que dicha nación ha aumentado de manera desleal las restricciones, ocasionando graves pérdidas económicas a la segunda zona franca más grande del mundo.
Es por ello, que considera que lo solicitado por el Gobierno Nacional de la República de Panamá, en cuanto a una indemnización de $210 millones por los daños causados durante todos estos años, a la ZLC, es una cuantía de dinero que no guarda proporción con el desempleo, la afectación a las familias colonenses, a la economía panameña; y peor aún, a los principios del libre comercio internacional.
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"Esta indemnización que no ha sido avalada por la OMC, evita seguir demandando a Colombia por nuestros justos reclamos", afirmaron.
La AUZLC reprochó que Panamá haya tenido una postura pasiva con el país vecino, situación que a su juicio requiere de un profundo análisis, pues en el ejercicio de la política exterior debe primar la defensa de todos los sectores que conforman la nación panameña. Deben primar los intereses del país.
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Finalmente, instaron al Gobierno Nacional a que asuma una postura digna y aplique con determinación, de manera ejemplar y contundente, las medidas efectivas de retorsión, pues lamentablemente, los empresarios colombianos, gozan de una serie de beneficios en nuestra jurisdicción, que no son compatibles con el principio de reciprocidad.
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