Actuaciones de las magistradas Yiles Pittí y Donaji Arosemena ponen a Panamá como un país que 'viola derechos humanos' y 'no acata tratados internacionales'

Las actuaciones de las magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, Yiles Pittí y Donaji Arosemena, en el caso de los supuestos pinchazos contra Ricardo Martinelli, ponen a Panamá como un país que viola los derechos humanos y no cumple con los tratados internacionales.

Así lo manifestó en entrevista con Panamá América, Víctor Rodríguez, presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos con sedes en Costa Rica, Colombia, México y Ginebra, Suiza, en donde opera la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Rodríguez indicó que la pregunta del millón que le surge es ¿por qué estas magistradas no cumplieron con el mandato de un organismo internacional como la ONU que declaró arbitraria la detención de Martinelli?, sin embargo, agregó que en el tema de responsabilidad internacional, es el Estado panameño el que tiene que cumplir con estas obligaciones.

"Estas magistradas ponen al Estado panameño en una situación incómoda, porque lo someten a la responsabilidad internacional futura por el incumplimiento de las decisiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas", explicó.

Agregó que, a su juicio, a estas dos funcionarias que ignoraron el mandato de la ONU se les debería abrir un expediente, ya sea disciplinario o de otra índole, porque al fin de todo, el Grupo de Trabajo va a volver a revisar este incumplimiento y verá la decisión que ellas tomaron y habrá un señalamiento de incumplimiento contra Panamá.

"En general, cuando se dé este señalamiento de incumplimiento, quien pagará los platos rotos, al final serán todos los panameños porque van a tener que indemnizar y hacer reparaciones, al final eso lo pagan ustedes con los impuestos, no la jueza, eso implicaría que en el derecho interno estas dos magistradas tienen responsabilidades que tienen que cumplir por sus actos", expresó.

De forma contundente, el presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos dijo que ya es hora de que los jueces, magistrados y fiscales aprendan a aplicar lo que dice el derecho internacional.

"Los magistrados, jueces y fiscales deben aprender a aplicar el derecho y los tratados internacionales como derecho interno de aplicación automática, eso se llama control difuso de convencionalidad, si no quedamos viviendo en el pasado, es decir sin respetar, sin observar cuáles son las obligaciones internacionales de los tratados. Los Estados no pueden andar ratificando tratados para tirarlos a la basura, para no observarlos", sentenció.

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Rodríguez destacó que la obligación de Panamá de acatar el fallo de la ONU sale de los tratados, específicamente de la Convención de Viena, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fueron las garantías que se violaron en el caso seguido al expresidente Martinelli.

"Estos tratados deben ser cumplidos con buena fe, si el Estado no los cumple, ya hay una fisura, una responsabilidad internacional. Igualmente hay otra norma de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que dice que uno no puede invocar su derecho interno para incumplir una norma internacional", señaló.

Agregó que las magistradas "no se podían hacer de la vista gorda", ya que dentro del expediente seguido a Martinelli se había incorporado que el Grupo de Trabajo había determinado violaciones en este proceso, las cuales claramente fueron ignoradas.

"Estas jueces incurrieron en ignorancia, pero en una ignorancia internacional de los derechos humanos intencionalmente, porque ellas conocían que había una resolución de las Naciones Unida, de los expertos que más conocen sobre detenciones arbitrarias", puntualizó.