Aportan pruebas en caso de ascensos y reintegros irregulares que se dieron en los estamentos de seguridad en el Gobierno de Juan Carlos Varela
Por esta situación se beneficiaron algunos funcionarios que tenían hasta 20 años de haber renunciado, los cuales fueron reintegrados a sus puestos con los rangos policiales que habían perdido.
Jorge Miranda, director de la Policía Nacional.
La Corte Suprema de Justicia le ha solicitado al Ministerio de Seguridad Pública más información sobre las demandas por supuestos ascensos y reintegros irregulares que se dieron durante el gobierno del exmandatario Juan Carlos Varela.
Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública, manifestó que se han mantenido aportando las pruebas dentro de las demandas de nulidad que se interpusieron a principios del Gobierno por este caso.
"Se han estado aportando los elementos de pruebas dentro de estos casos de ascensos y reintegros irregulares que se dieron durante el Gobierno pasado y estamos a la espera de la decisión que tome la Corte Suprema en este proceso", enfatizó Pino.
A finales del año pasado, el entonces ministro de Seguridad, Rolando Mirones, demandó ante la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo de la Corte unos 15 casos de ascensos meteóricos en diferentes estamentos de seguridad.
Lo que se busca es que se declare la nulidad de estos ascensos que crearon descontento a lo interno de las filas de los estamentos de seguridad.
Entre las irregularidades que se dieron y que fueron denunciadas están: personas sin preparación, presuntas botellas, pagos selectivos de más de 12 millones de dólares y "amiguismo" para obtener ascensos de rango.
Además de esto, se demandó el caso de algunos funcionarios que fueron ascendidos hasta tres veces o más de rangos en menos de cinco años.
Para Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), este tema de los ascensos irregulares fue la carta de presentación del exministro Mirones al inicio de este Gobierno, la cual generó malestar entre los efectivos de seguridad.
Añadió que si bien se han aportado las pruebas, esperan que las mismas representen un caudal probatorio que no den margen a dudas sobre las situaciones irregularidades que se dieron para que las autoridades puedan declarar que todas las actuaciones fueron contrarias a la Ley.
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"Se espera que con estas pruebas se pueda probar que con estos ascensos se violaron el Reglamento Interno de las instituciones policiales y la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que no se deje duda al momento de aplicar una sanción", puntualizó el jurista.
Enfatizó que es importante determinar los daños de carácter económico que se generaron.