Caso Odebrecht: Presiones internas prevalecen sobre el debido proceso
La defensa señaló que muchas de las pruebas presentadas carecen de las debidas autenticaciones, situación que esto será un punto de objeciones.
Solo tres días tuvo la defensa para revisar el volumen de nuevas pruebas que la Fiscalía presentó. Foto: Archivo
El juicio por el caso Odebrecht se retoma hoy, miércoles, en medio de la alerta de abogados defensores, quienes sostienen que existen suficientes elementos jurídicos para afirmar que este proceso nunca debió avanzar, pero fue empujado por presiones internas que han prevalecido sobre el debido proceso.
El abogado Pedro Meilán fue enfático al señalar que el juicio no debió iniciar, principalmente porque la jueza Baloisa Marquínez se encuentra atendiendo de manera paralela el caso Fisher dentro del Sistema Penal Acusatorio, una situación que según la defensa compromete la correcta dirección de ambos procesos.
"Yo pensaba que se iba a suspender la audiencia por uno o dos meses hasta que ella terminara el otro caso, pero la idea es hacerlo a toda costa", expresó Meilán.
El jurista también reiteró que el año pasado la propia jueza Marquínez suspendió una audiencia argumentando la ausencia de testigos internacionales, lo que impedía el contradictorio y podía derivar en una violación al derecho a la legítima defensa. Sin embargo, según Meilán, las condiciones actuales son exactamente las mismas.
"Yo me tomé la molestia de leerle a la jueza su propia resolución del año pasado y le pregunté si había cambiado su criterio. Ella respondió que tenía la facultad de decidir, pero la realidad es que ni siquiera fuimos notificados de un cambio formal", denunció.
Meilán cuestionó, además que, la jueza pretenda fallar con base únicamente en las entrevistas contenidas en el expediente, lo que a su juicio no garantiza el derecho al contradictorio.
"Eso me parece una violación tajante al debido proceso y vulnera directamente mi derecho a la legítima defensa", sostuvo.
Otro punto crítico señalado por la defensa es la actuación de la Fiscalía, particularmente por la introducción tardía de supuestas pruebas extraordinarias. Meilán cuestionó que, en un proceso con más de 10 años, la fiscal Ruth Morcillo aparezca con 13 mil fojas que, según dijo, nunca pudo practicar durante la etapa de investigación.
"Llegó con una carretilla de tomos diciendo que son pruebas extraordinarias. ¿Cómo se pretende que la defensa revise 13 mil fojas cuando el propio personal del juzgado solo lee 80 páginas al día?", reclamó.
Esta situación provocó un receso de apenas tres días, tiempo que la defensa considera insuficiente para analizar un volumen tan extenso de documentación. Aunque lograron extraer copias del expediente en un USB, Meilán advirtió que la audiencia se reanudó con la clara intención de acelerar el proceso, debido a la carga de trabajo de la jueza.
"Nos quieren poner el acelerador. Pretenden sacar esta audiencia lo antes posible y los abogados defensores tenemos que someternos a lo que determine la jueza, aun cuando eso afecte el equilibrio procesal", afirmó.
La defensa también denunció que muchas de las pruebas presentadas carecen de las debidas autenticaciones, situación que será asunto de objeciones durante la audiencia y cuya admisión o rechazo quedará en manos de la jueza.
Meilán advirtió que el proceso está plagado de nulidades, especialmente porque varias de las pruebas que se intentan incorporar fueron anuladas en Brasil, tras revelarse que algunas condenas fueron revocadas por manipulación de evidencias.
Antes de entrar al fondo del caso, la jueza está obligada a resolver los errores de forma y las nulidades, porque en derecho estos deben ser atendidos de manera previa, sin importar la presión social o mediática por obtener condenas, señaló la defensa.