CNA solicita que se suspendan los términos judiciales

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) solicita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspenda los términos judiciales, tras las protestas y cierres que se realizan en el país, en rechazo al contrato minero.

De acuerdo con el gremio, la abogacía ha visto limitada la posibilidad de ejercer la profesión, debido a que grupos han procedido a realizar protestas en las vías de acceso.

Esto afecta no sólo al abogado en particular, sino todos aquellos que de una u otra manera son colaboradores de la Administración de Justicia.

Según el gremio, los abogados tienen como responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones judiciales que han adquirido, y nada debe imposibilitar el desempeño de su labor, y las condiciones actuales no se lo permiten.

Se explicó que aunque existen procesos que se pueden llevar de manera virtual, existen trámites judiciales que requieren por obligación la presencia tanto del profesional del derecho como de las partes, peritos, testigos, lo que se ve imposibilitado realizar, por lo que no todas las labores del abogado se pueden realizar de manera remota.

Ante la situación que vive el país, el CNA también hizo un llamado a la sensatez y calma al pueblo panameño.

El gremio explicó que el documento que contempla el contrato minero una vez aprobado por la Asamblea de Nacional y sancionado por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, se convierte en la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, el cual puede ser sujeto de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, del cual ya tienen conocimiento que han sido interpuestas distintas demandas.

En base al Principio de Legalidad y estricto derecho y respeto a la separación de poderes, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no del contrato ley antes citado.

“La República de Panamá, como Estado de Derecho, debe garantizar el cumplimiento de los principios democráticos de libertad de expresión y participación ciudadana como mecanismos que, en el marco del respeto mutuo y convergencia de ideas, deben ser fundamentales para la convivencia pacífica de todos los ciudadanos de nuestro país”, se detalla en un comunicado.

Agrega que de la misma manera, la República de Panamá, como Estado democrático, debe garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y los derechos humanos como el derecho al trabajo digno y la seguridad social, el derecho a un ambiente sano, el uso justo de los recursos minerales, y la generación de actividades económicas que brinden bienestar social que permitan a los ciudadanos lograr sus aspiraciones y garanticen el desarrollo nacional.

Como Estado de Derecho, la República de Panamá, debe velar por el cumplimiento de todas estas garantías, los momentos exigen proteger la institucionalidad del país, a fin de lograr los acuerdos que sean beneficiosos para la nación.

Además, se indicó que la ciudadanía panameña expresa su descontento en las calles, lo cual es un Derecho Constitucional, el cual debe darse dentro del ámbito del respeto a la vida, integridad personal, propiedad pública y privada, por lo que condenan los actos de vandálicos y métodos violentos utilizados por personas con fines distintos a los manifestantes.

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