Impunidad: desafío de la ley ‘Rico’ en Panamá

La implementación de la ley ‘Rico’ en Panamá, a juicio del exsubdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) Luis Carlos Trejos, reforzará la lucha contra el crimen organizado, endureciendo las sanciones contra los delincuentes sin importar su posición dentro de las redes criminales, facilitará la incautación de bienes y fortalecerá las estructuras institucionales, limitando el desarrollo económico de estos grupos transnacionales.

Mencionó que con la aprobación de esta iniciativa se estaría reconociendo al crimen organizado como una amenaza existencial para los intereses del Estado, pero su principal reto seguirá siendo el mismo, la impunidad; es importante frenar la influencia de estas asociaciones en las estructuras políticas y de seguridad pública para percibir sus resultados. 

“Uno de los puntos que debe reforzar esta ley es evitar la impunidad, blindando las instituciones para que esa herramienta llamada corrupción no siga penetrando nuestras entidades”, dijo en Nex Noticias. 

El comisionado señaló que su implementación no será fácil, pero el país necesita una herramienta que lo proteja y blinde contra este flagelo para garantizar el bienestar y seguridad de su población; de lo contrario, podrían repetirse hechos como los ocurridos últimamente en México, en donde alrededor de 175 grupos criminales tienen presencia. 

Detalló que, en el índice global de criminalidad organizada, Colombia se ubica entre los primeros puestos con 7.82%, seguido de México (7.62%) y Panamá con 6.93%, una diferencia de -0.89% entre el primer y último país que demuestra cuán activas están estas agrupaciones. 

Por su parte, el abogado Basilio González considera que el problema no son las leyes existentes, sino los operadores del sistema de justicia porque no existe certeza de castigo. 

“Se pueden hacer nuevas leyes, pero para mí se tiene que fortalecer el sistema, hay mucha corrupción”, indicó. 

El jurista sostiene que se debe hacer una evaluación del personal que labora en las instituciones de justicia porque, en algunos casos, estos son los que le hacen ‘daño’ al Ministerio Público con sus decisiones.

Sugirió a las autoridades remover de sus puestos a quienes incumplan con su labor.  

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