Informe cuestiona la falta de independencia del Ministerio Público y la Corte Suprema en Panamá

Panamá volvió a salir mal evaluada en materia de justicia, esta vez en el estudio "Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020".

El estudio cuestiona la poca independencia que tienen el Ministerio Público y el Órgano Judicial ante los círculos de poder.

"Uno de los elementos más mencionados por las PP fue la debilidad institucional del sistema de justicia en general, que no genera condiciones suficientes para una verdadera independencia material, aún para el Poder Judicial y el Ministerio Público que legalmente son órganos autónomos", destaca.

Durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela se denunció la fuerte injerencia que mantenía el gobernante en el Ministerio Público, a través de la ahora exprocuradora Kenia Porcell y sus fiscales.

Y también se denunciaron las presiones que ejerció Varela sobre magistrados de la Corte Suprema de Justicia para lograr sus objetivos de persecución en contra de sus adversarios políticos.

Ahora, nuevamente se denuncia que en la administración de Laurentino Cortizo existen presiones sobre el Ministerio Público y la Corte Suprema para descalificar a adversarios políticos con miras a las próximas elecciones.

En este estudio, Panamá sacó la segunda peor evaluación entre varios países de Latinoamérica, solo superando a Perú.

Incluso, Panamá fue peor evaluada que países como México y Guatemala en donde se denuncia una alta corrupción.

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"Las autoridades anticorrupción no tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y procesar la corrupción efectivamente", enfatiza.

Y agrega que el sistema de justicia también es golpeado por "la falta de recursos económicos y humanos, inadecuados para las agencias anticorrupción, falta de capacitación, y también la falta de voluntad política".

En la encuesta realizada en Panamá para elaborar este estudio los participantes calificaron como "baja" la capacidad institucional de los organismos públicos facultados para prevenir, investigar, y perseguir actos de corrupción en el Gobierno.

No obstante, el estudio identifica al Órgano Judicial como el que más necesidad tiene de fortalecerse institucionalmente.

"Ninguna autoridad es identificada como más efectiva en el control de la corrupción, y se identifica al Órgano judicial en general como aquel con más necesidad de fortalecimiento institucional".

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Se identificó otra debilidad en la esfera pública, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios no son públicas, a pesar de que legalmente deberían serlo.

"No existen medidas que requieran a los funcionarios públicos rendir declaraciones de intereses, o información sobre la presentación de declaraciones relacionadas con sus impuestos (pagos y devoluciones)".

Además, cuestiona que el ente encargado de garantizar que esta norma se cumpla, que es la Procuraduría de la Administración, sea dependiente del Órgano Ejecutivo.

Panamá tampoco cuenta en términos generales con un marco legal regulatorio especial para prevenir y combatir la corrupción en el sector privado, más allá del Código Penal.

"El Código Penal y el Código Fiscal prohíben el uso de documentos falsos y la destrucción intencional de los libros corporativos antes del tiempo dispuesto por la ley". Sin embargo, la legislación es omisa en el establecimiento de cuentas no registradas.