Panamá
Una de las recomendaciones hechas por el defensor al Ministerio de Gobierno es de contratar mas médicos para atender a los detenidos.
La Defensoría del Pueblo trabaja en un informe en el cual se detallarán las falencias y mejoras que se deberían realizar en los diversos centros carcelarios del país, siendo la atención médica que reciben los privados de libertad uno de los temas que allí se abordarán.
Recientemente, se denunció que a algunos privados de libertad no se le estaba permitiendo recibir una adecuada atención médica e incluso que en el caso de los que tenían que salir de los centros carcelarios a clínicas u hospitales privados no se les estaba permitiendo, tal como sucedió en el caso del empresario West Miguel Valdés.
Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo de Panamá, manifestó que como institución mantienen una constante vigilancia en cuanto al tema de la situación de salud en las diversas cárceles del país.
Algo que hacen a través el Mecanismo de Prevención de la Tortura y de la Dirección de los Privados de Libertad de la Defensoría del Pueblo.
Agregó que han hecho un recorrido a nivel nacional y están por emitir un informe sobre la situación de todos los centros carcelarios del país.
"En cuanto a la salud, siempre hacemos un llamado al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Salud para que vean este tema", sentenció el funcionario.
Leblanc indicó que una de las recomendaciones que le han hecho al Ministerio de Gobierno, institución encargada de las cárceles del país ha que contraten médicos y que estos puedan darle esa atención a las personas detenidas.'
23
centros carcelarios hay actualmente a nivel nacional, según el Sistema Penitenciario.
63%
de los privados de libertad que hay en el país cuentan con una condena en firme.
De forma puntual, el defensor señaló que actualmente hay algunos centros carcelarios del país que están compartiendo médicos y medicinas con población no penitenciaria, algo que según él no debe suceder.
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"Deben tener los suficientes médicos para los privados de libertad y también el equivalente en equipo y medicinas para esos centros carcelarios", dijo.
Sumado a la situación de salud, el defensor indicó que también hay un gran problema hacinamiento, centro de detención de privados de liberta dentro de estaciones de policías, falta de agua y estructuras colapsadas.
"Son temas que se tiene que trabajar. Reconocemos el trabajo que está haciendo la ministra de Gobierno en un tema que según él no es de esta administración, sino de varias administraciones, es un tema que viene de arrastre".
De acuerdo con cifras del Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en Panamá hay una sobrepoblación carcelaria de 5 mil 233 detenidos.
La capacidad carcelaria de Panamá es para 14 mil 591 personas y actualmente es de 19 mil 824, al mes de febrero de este año 2022.
De la cantidad de personas detenidas que hay en el país, 12 mil 498 están condenadas y 7 mil 326 están siendo procesados.
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Frente a esto, Eduardo Leblanc indicó que por cada privado de libertad que hay en el país se impacta en la sociedad entre cuatro y cinco personas.
Otra recomendación que hace el funcionario es la de liberar un poco la carga de personas detenidas que hay en el país y de alguna manera alivianar un poco ese impacto que tiene eso en la sociedad panameña.
De forma puntual, enfatizó que se deben dictar medidas distintas a la detención, entre ellas órdenes de prohibición de salida del país, detención domiciliaria, etc.
"Otro punto importante que consideramos que se debe revisar es la situación de aquellos privados de libertad que ya han cumplido las dos terceras partes de su condena , que tiene buena conducta, que son delincuentes primarios darle la oportunidad de que se puedan reintegrar en las comunidades. Estos son algunos factores que podemos incidir en que se reduzca considerablemente la población carcelaria que hay en el país", explicó.
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la grave situación existente en las cárceles de América Latina, incluyendo las panameñas.
En su momento, Esmeralda Arosemena de Troitiño, miembro de la CIDH alertó que "las estructuras de las cárceles no permitían atender las medidas sanitarias mínimas" en tiempos de pandemia.
Sin embargo, hay que manifestar que las autoridades panameñas en su momento dictaron medidas de reducción de condenas y libertades condicionales para bajar el hacinamiento en las cárceles, a solicitud de organismos internacionales preocupados por la pandemia.
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