Iniciativa busca frenar 'gula económica' de los magistrados de la CSJ
Según el Ejecutivo, no existen partidas presupuestarias para el pago de estas jubilaciones.
El salario actual de los magistrados es de $14,000. Foto: Cortesía
El reciente aumento salarial y creación de un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial incentivó la presentación de un anteproyecto de ley para reducir y fijar a 10 mil dólares la remuneración de quienes ocupen dicho cargo en el país para garantizar la racionalidad del gasto público.
La propuesta de la bancada independiente Vamos incluye dentro de este monto los gastos de representación y prohíbe el otorgamiento de sobresueldos, dietas, incentivos, pagos por asesorías y cualquier otro incremento que supere el límite establecido.
Los diputados subrayan que, a partir del 1 de enero de 2026, quienes estén por encima del monto estipulado deberán ajustarse a la normativa, es decir, el aumento de 4 mil dólares refrendado por insistencia a los magistrados quedará sin efecto.
Además, se establece que todas las disposiciones concernientes a jubilaciones, retiro o pensiones de los magistrados, y el resto de funcionarios judiciales, deben ser aprobadas por ley.
La iniciativa también busca derogar el artículo No. 64 del Código Judicial que establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tribunales Superiores de Justicia y de Trabajo, tendrán derecho a importar, libre de impuesto, un automóvil para uso personal cada tres años, y elimina el derecho a recibir del Estado cien galones de gasolina mensuales.
Los diputados, desde que se conoció la creación de un fondo de jubilaciones para los magistrados, han alzado su voz en contra porque lo consideran “una falta de respeto” a los miles de panameños que día a día se esfuerzan por llevar el sustento a sus hogares, por ello, se encuentran analizando distintas opciones para frenar este desembolso.
La decisión de los magistrados, según Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, ha tomado por sorpresa al Ejecutivo, no obstante, está siendo analizada desde la vía legal para accionar como corresponde.
Reiteró que dichas jubilaciones no han sido contempladas en el presupuesto del próximo año porque “no hay dinero”, por lo tanto, no existe una partida para este programa.
“No estamos de acuerdo”, puntualizó.
Al ser consultada sobre el tema, la presidenta de la CSJ, María Eugenia López, no solo se molestó, sino que trató de minimizar dicho acuerdo, aclarando que se trata de un “régimen de compensación para el retiro de los jueces y magistrados” y no un aumento de jubilación.
López reconoció que existen muchas interrogantes al respecto, pero se negó a responderlas, anunciando que pronto habrá una conferencia de prensa en donde el pleno de la CSJ explicara a detalle lo acordado el pasado 18 de julio de 2024.
“Yo no le voy a responder porque eso le corresponde el pleno”, dijo, pese a que el documento contiene su firma y será una de las beneficiadas.
Por su parte, el magistrado Olmedo Arrocha, defendió la creación del fondo, afirmando que su “único” objetivo es “hacerle justicia a los jueces”, ya que, estos no merecen menos que otros servidores públicos a la hora de retirarse, pero irónicamente el porcentaje de jubilación que recibirían es menor.
Arrocha dejó entrever que el acuerdo se podría estar analizando “responsablemente” luego de todas las reacciones que ha generado.