Kenia Porcell y fiscales violaron competencia de la Corte Suprema
Abuso de autoridad, peculado y hasta falsedad, son los posibles delitos cometidos por Varela al suscribir millonario contrato para extraditar a RM.
Kenia Porcell recibía instrucciones de los abogados extranjeros.
La procuradora Kenia Porcell y sus fiscales habrían ignorado que el trámite para la extradición de Ricardo Martinelli no era de su competencia, a pesar de lo cual mantuvieron comunicación constante y directa con los abogados de la firma Foley Hoag LLP, contratada por el gobierno del panameñista Juan Carlos Varela.
Documentos certificados por la Cancillería panameña dan cuenta de que Porcell y su equipo sostuvieron varias reuniones y conferencias telefónicas con los abogados estadounidenses, los cuales, incluso, les daban instrucciones sobre la manera de cómo el Ministerio Público debía actuar para llevar adelante el trámite.
Lo anterior es una de las muchas irregularidades que se han descubierto dentro del contrato millonario con Foley Hoag LLP y otros documentos relacionados con la gestión que desarrollaron los abogados en coordinación con la Procuraduría y, aparentemente, sin intervención de la Corte Suprema de Justicia, que llevaba el caso.
Desde el 1 de junio de 2016, la firma Foley Hoag LLP presentó cada mes un informe de su trabajo y allí incluía desde la revisión de documentos hasta conferencias telefónicas con el "cliente", pero la mayoría de las llamadas se hacían a un número telefónico en el MP y vinculado a la fiscal Zuleyka Moore.
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El 27 de octubre de 2017 uno de los abogados de Foley Hoag reportó que debía "revisar el borrador de la Solicitud de Extradición para preparar teleconferencia con T. Sterling" y consignó, además, que se haría reunión con la procuradora Kenia Porcell y el embajador de Panamá en Washington, Emanuel González Revilla.
En el mes de julio de 2017 también uno de los abogados de la firma confirmó que revisó un borrador de la declaración jurada del magistrado Harry Díaz y "convirtió ese borrador en la forma de una declaración jurada", para el caso en Estados Unidos.
La coordinación entre el Ministerio Público y los abogados era permanente. El 7 de diciembre de 2017 se dio un reporte interesante donde uno de los juristas se comunicó con el Ministerio Público en Panamá para analizar cómo se afectaba un posible cambio de Tribunal Penal en el caso de Martinelli. A pesar de que Porcell sabía que la competencia era de la Corte, se mantenía ventilando el caso con los abogados estadounidenses.
En una ocasión el Gobierno panameño solicitó a los abogados de esta firma investigar los registros de las personas que visitaban a Martinelli en la cárcel federal donde permanecía detenido en Miami. Los juristas investigaron sobre los procedimientos para solicitar esa información para remitirle al "cliente".
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A pesar de que el gobierno de Varela se negó a entregar copia, Panamá América tuvo acceso al contrato, cuyo representante en ese momento era Emanuel González Revilla, con desembolsos de más de 987 mil dólares y donde se dejaba claro que era para gestionar la extradición de Martinelli.
DelitosLa defensa del exmandatario ha confirmado por medio de documentos debidamente autenticados a los que tuvo acceso Panamá América, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el gobierno de Juan Carlos Varela, contrató por casi $1 millón a la firma estadounidense Foley Hoag LLP para extraditar desde Estados Unidos al exmandatario y que el Ministerio Público estuvo muy activo en los trámites, lo cual pudiera entrañar varios delitos de tipo penal.
"No podemos adelantar detalles porque estamos revisando [toda la documentación recibida], pero ya hemos encontrado conductas que se ajustan a tres tipos penales", indicó ayer el abogado Luis Eduardo Camacho González.
El jurista agregó que no hay ninguna justificación para que el Gobierno panameño hubiera solicitado los servicios de una empresa para "asesorar" en el proceso de extradición, "cuando la Cancillería ha tramitado cualquier cantidad de extradiciones desde EE.UU. y nunca se había recurrido a esta figura".
"Y esto fue permitido por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que además evidentemente demuestra el interés que tenía el expresidente Juan Carlos Varela de extraditar como fuera a Ricardo Martinelli, al costo que fuera, producto de ese revanchismo que hay, y de que eso se planteó como una necesidad de su gobierno", agregó Camacho.
El equipo legal de Martinelli adelantó que a las autoridades que avalaron esta contratación se les puede acusar de la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, delito contra la administración pública e incluso falsedad.
Al parecer la firma estadounidense cumplía solicitudes del gobierno de Varela, que no estaban relacionadas estrictamente con la extradición de Martinelli, pero cobraba dentro del contrato pactado con González Revilla.
El 10 de enero de 2017, uno de los abogados de apellido Shults reportó: "investigué las formas en que la restitución puede ser obtenida por las víctimas de crímenes en Estados Unidos, específicamente en lo que se refiere al caso criminal de Odebrecht en Estados Unidos".
Así reaccionó el abogado Luis Eduardo Camacho González: "Estos señores hacían mucho más que asesorar. Yo personalmente he encontrado situaciones que riñen con la normativa panameña y con el propio contrato que se suscribió".
El equipo legal de Martinelli confirmó que una vez revise "punto por punto" hará público todo lo encontrado y presentará las denuncias ante las instancias pertinentes.