Luego de un año, la justicia no ha llegado a los albergues

A pesar de que el presidente Laurentino Cortizo sancionó este martes, la ley que crea un Sistema de Garantías y Protección Integral de los derechos de la Niñez, diversas organizaciones consideraron conveniente que esta norma sea revisada para enmendar en esta aspectos violatorios a la convención de los derechos de los niños, en cuanto a asociación y participación, así como trabajo infantil. 

A los representantes de estas organizaciones les llama la atención que no haya autorización de los padres para que adolescentes trabajen entre los 14 y 17 años de edad, así como la exlusión del sistema de organizaciones de niñez y adolescencia y representantes de la sociedad civil. 

También se hacen eco, de las restricciones que se imponen a jóvenes a asociarse en escuelas y universidades, a pesar del papel destacado que ha jugado el movimiento estudiantil en la historia del país. 

En un comunicado enviado por más de 20 agrupaciones de distinto sectores, en el marco del primer año de la presentación de las denuncias por las supuestas violaciones ocurridas en albergues, solicitan que el brazo del Ministerio Público también llegue a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) que eran responsables de la supervisión de los albergues donde ocurrieron los abusos. 

Consideran que con la aprobación y sanción de la ley que crea un sistema de protección integral a la niñez no debe significar borrón y cuenta nueva "sin que haya justicia para la niñez y adolescencia abusada y maltratada en los albergues". 

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Los integrantes del denominado Movimiento Pro Defensa de la Niñez y la Adolescencia (Moprodena) sostienen que hasta el momento la labor que ha realizado el Ministerio Público para averiguar las denuncias ha sido insuficiente y solo ha tocado a personas de bajo perfil. 

"Sin investigar, administrativamente a las autoridades del Mides y Senniaf, responsables de la supervisión de los albergues. La ausencia de certeza del castigo es un mensaje negativo al país, de forma tal que se entiende como autorización a seguir abusando de la infancia día con día", se plasma en un comunicado enviado por el movimiento. 

Según cifras dadas por Moprodena, 1,200 niños están recluidos en 54 albergues a nivel nacional y el 39% ingresa a estos sitios por situaciones de pobreza, lo cual no debe ser. 

"El Senniaf se ha mostrado incapaz de supervisarlos, no solo por su exiguo presupuesto y escaso personal técnico, sino por la burocratización y desidia en su desempeño", afirmaron. 

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