Panamá
El jurista agregó que está es una resolución que a su juicio está “fuera de lugar”, ya que según él, en Panamá todo el mundo sabe que la teja siempre le cae a los más desamparados.
La junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está integrada por los magistrados María Eugenia López, presidente, Olmedo Arrocha y Carlos Vásquez.
La resolución aprobada por la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que preside la magistrada María Eugenia López, la cual obliga a todos los funcionarios el Órgano Judicial a rendir declaración jurada, tiene cómo objetivo, meter miedo, intimidar, crear zozobra y desasociego, así lo manifestó el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal.
El jurista agregó que esta es una resolución que a su juicio está “fuera de lugar”, ya que según él, en Panamá todo el mundo sabe que la teja siempre le cae a los más desamparados.
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“Yo creo que si un juez o un magistrado deja de hacer su declaración jurada le vayan a hacer algo por eso”, indicó.
El catedrático señaló que a su parecer esto se hace para conseguir que algunas personas abandonen sus cargos o “decirles mira descubrimos que tienes tal cosa y te vas”.
Enfatizó que lo propio sería que se pudiera tener la certeza de que va haber transparencia, pero no cree que esto sea el objetivo, algo que sustenta con el comportamiento que ha tenido el contralor general de la República, Gerardo Solís.
“Lo ideal sería que pudiéramos tener la certeza de que va a ver transparencia y rendición de cuentas, personalmente no creo que ese sea el propósito y el comportamiento que hasta la fecha ha tenido el contralor, no creo que vaya en ese sentido, acuérdense que todas las dependencias públicas tienen un auditor que representa a la contraloría en la institución, no se cual es el grado de contraloría que existe en el Órgano Judicial”, explicó.
El jurista recordó que la Constitución Política hace obligatorio a toda una serie de funcionarios o servidores públicos hacer su declaración de bienes patrimoniales al asumir y dejar el cargo.
Una disposición, una normativa que según él no se cumple, porque no hay el control de parte de la Contraloría que es la que está llamada a ejercer esa función.
“Esta decisión de parte de la nueva junta directiva, creo yo que releva toda una serie de interrogantes sobre que fin se persigue, ya que hasta el momento que yo sepa solo dos magistrados han hecho su declaración de bienes patrimoniales, José Ayú Prado y Carlos Vásquez. Del resto no se conoce”, explicó.
Puntualizó que en última instancia esas declaraciones quedan en manos de los funcionarios de la Contraloría, no en manos de la población.
“Si se invoca que todos los funcionarios deben rendir declaración, entonces quiere decir que son funcionarios todos aquellos que están al servicio del Órgano Judicial, desde un conductor hasta un aseador, en fin todos aquellos que trabajan para está institución, no se que fin se persigue con esto, intimidar, perseguir, coaccionar para lograr vacantes, porque están desesperados por nombrar a una serie de exmilitares que ahora son abogados, cómo jueces o cómo otros cargos dentro del Órgano Judicial, hasta donde yo tengo a información”, reiteró.
Hay que recordar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adoptó el formulario de declaración jurada de bienes patrimoniales de los servidores judiciales de Panamá.
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Este formulario, aprobado mediante el acuerdo número 664, se incorporará al Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos del Órgano Judicial (Sigehr) para que sea completado electrónicamente por todos los servidores judiciales.
Este nuevo formulario fue aprobado el pasado 23 de diciembre de 2021, cuando todavía el exmagistrado Luis Ramón Fábrega, dirigía este institución.
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