Órgano Judicial le aportaría balance a justicia comunitaria
Uno de los múltiples anteproyectos presentados busca que los jueces de paz cuenten con el apoyo de entidades públicas y privadas especializadas.
El Órgano Judicial tendría que recopilar estadísticas de los casos de justicia comunitaria si prospera la iniciativa. Cortesía/OJ
La justicia comunitaria de paz vuelva a estar en la mira de la Asamblea Nacional. Después de un mes del inicio del nuevo periodo legislativo, ya se han presentado al menos tres iniciativas sobre este tema.
Una de ellas, la presentó el diputado Jorge Herrera, quien impulsa el anteproyecto de ley n°42 que busca que la justicia comunitaria de paz sea dependencia del Órgano Judicial.
La medida pretende eliminar los cuellos de botella, que amarran sus funciones de prevenir y sancionar a los que alteren la convivencia ciudadana.
El artículo 3 del anteproyecto establece que "la jurisdicción especial de justicia comunitaria de paz se ejercerá a través del juez de paz y el mediador comunitario, quienes contarán con el apoyo de las entidades públicas y privadas especializadas en métodos alternos de resolución de conflictos, así como del Ministerio Público y el Órgano Judicial, con los límites de competencia que la ley establezca".
La propuesta también indica que los salarios y demás prestaciones del juez de paz y funcionarios de la casa comunitaria serán competencia del Órgano Judicial, por lo que se deben incluir dentro de su presupuesto.
Asimismo plantea que el Órgano Judicial deberá mantener estadísticas de los asuntos que conocen las casas de paz.
Para el abogado Alfonso Fraguela, la medida de que los jueces de paz pasen a la jurisdicción del Órgano Judicial es positiva.
Fraguela considera que se equipararía a la justicia que se brinda en los juzgados municipales.
Una de las opciones que se podría implementar, según Fraguela, sería la transformación de los juzgados municipales en juzgados mixtos, lo que significaría que se tendría la oportunidad de conocer todos los casos penales y civiles que en algún momento dado se pudiesen ventilar en sus respectivas jurisdicciones.
"Lamentablemente, el esquema que trajeron o exportaron de otros países para que tuviera frutos en Panamá, definitivamente ha sido un verdadero desastre. A todas luces se necesita una solución", agregó el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA).
La justicia comunitaria de paz fue implementada con el objetivo de aplicar una conciliación o una mediación de una forma pacífica, pero no ha cumplido con sus expectativas.
Frente a los cuestionamientos, los jueces de paz señalan que cumplen con sus funciones. Además indican que en el Órgano Judicial no los quieren porque les restarían presupuesto.
"Todos dicen que deberíamos pertenecer al Órgano Judicial u otras entidades, pero realmente nadie nos quiere porque restamos dinero a su plan presupuestario", dijo la jueza de paz, Bárbara Rodríguez.
Anteriormente, los encargados de impartir la justicia comunitaria eran los corregidores, los cuales eran altamente cuestionados, ya que muchos de ellos no tenían conocimiento legal alguno.
Un juez de paz es el encargado de prevenir y sancionar las conductas y actos que alteren la paz y la convivencia pacífica en los corregimientos, de acuerdo con las competencias y procedimientos establecidos en la Ley 16 del 17 de junio de 2016.
Lo cierto es a pesar de lo establecido por la ley, no se les ha brindado las herramientas necesarias para que ejerzan su trabajo.
Es común que en las oficinas asignadas no cuentan con teléfonos, computadoras y en ocasiones con un escritorio lo que les dificulta su labor.