Presentan denuncia contra María Eugenia López por supuestos actos de corrupción
La presidenta de la Corte también enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y mal uso de recursos públicos.
Presidenta de la Corte, María Eugenia López.
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Eugenia López Arias, ha sido vinculada a un presunto esquema de corrupción en el manejo de contratos públicos, según una reciente denuncia presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, por los abogados Alejandro Pérez y Zulay Rodríguez.
El documento presentado afirma que López supuestamente habría favorecido decisiones judiciales en beneficio de empresas relacionadas con el sector de limpieza hospitalaria, como Sicarelle Holding Inc. y JPM Enterprises S.A., que obtuvieron millonarios contratos bajo cuestionadas licitaciones.
La presidenta de la Corte también enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y mal uso de recursos públicos.
De acuerdo con el informe, López Arias utilizó su influencia para intervenir en procesos relacionados con las empresas mencionadas. Estas entidades, que recibieron contratos millonarios para la limpieza de hospitales durante la pandemia, son señaladas por haber utilizado recursos estatales como agua, electricidad y lavanderías hospitalarias sin los estándares mínimos de salubridad, exponiendo la salud pública al riesgo.
Los vínculos de López Arias con estas empresas han despertado alarma, ya que cuestionan la imparcialidad del sistema judicial en casos de alto impacto.
Las acusaciones también involucran a otros actores clave en el escándalo, como Nadia del Río, exasistente del expresidente Laurentino Cortizo, quien habría facilitado la adjudicación de contratos a Sicarelle Holding Inc. Esta colaboración supuestamente se habría realizado con el conocimiento y aval de la magistrada López Arias, fortaleciendo la red de influencias que permitió a las empresas beneficiarse de recursos públicos de manera irregular.
Entre los hechos más graves documentados está la posible falsificación de documentos públicos. Se acusa a Karina Mirones, exrepresentante legal de Sicarelle Holding Inc., de haber firmado un recurso de reclamo días después de su renuncia, un acto que habría sido respaldado por decisiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia, López Arias habría favorecido judicialmente a Mirones y su empresa, ignorando las evidencias presentadas por auditores independientes.
El caso ha generado una ola de críticas desde diversos sectores de la sociedad panameña, que exigen una investigación independiente y sanciones ejemplares para los responsables. Organizaciones civiles han subrayado que las acciones de la magistrada López Arias, de comprobarse, representan un golpe a la credibilidad del sistema judicial y a la confianza ciudadana en las instituciones públicas del país.