Panamá
El proyecto de armas por comida y/o alimentos resultó confuso para el Órgano Ejecutivo. Destaca que no se define bien su financiamiento, entre otros puntos.
Este es uno de los programas que Correa siempre ha impulsado desde cuando ocupaba otros cargos públicos. Foto: Archivo
El presidente Laurentino Cortizo vetó en su conjunto, por inconveniente, el proyecto 469, que establecía el programa Armas por Comida, propuesto por la diputada Mayín Correa.
Según el mandatario, aspectos confusos en el proyecto de ley harían imposible su reglamentación, ya que contravendría el espíritu de la ley.
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Por ejemplo, en el artículo 7 se establece una inversión mínima de 200 mil dólares en bonos aportados por personas naturales y jurídicas del sector privado, los cuales serán deducidos del pago del impuesto sobre la renta, para financiar el programa.
En este punto, a consideración de Cortizo, resulta confuso e incomprensible entender si se está haciendo alusión a dinero en efectivo o a valores.
“Tampoco se deduce del sentido literal de la norma si la cantidad indicada es única y total, si está constituida por aportes individuales de los donantes o si constituye la creación de un fondo”, agregó.
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De igual forma, agrega el informe del veto, no se establece a quién le corresponde la administración de esos aportes ni donde deben ser depositado, ni se determinan elementos de referencia que permitan hacer una estimación aproximada del monto de los recursos presupuestarios con que deberá contarse para la constitución de ese fondo.
Por otra parte, en el artículo 6 se exime de responsabilidad penal por la posesión y porte de las armas de fuego o municiones, a toda persona que haga entrega voluntaria de estas, lo que tampoco es compartido por el Órgano Ejecutivo.
“De manera alguna puede configurarse como un hecho punible que dé lugar a la eximente de responsabilidad penal propuesta por el legislador en esta oportunidad”, advierte el presidente Cortizo.
Este proyecto fue el primero en aprobarse en tercer debate en la actual legislatura, el pasado 5 de enero. Fue presentado por la diputada Correa en septiembre de 2020 y se aprobó en primer debate, en la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el 25 de agosto de 2022.
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