Panamá
El plan piloto ha sido exitoso, reveló el ministro de Gobierno, por lo que a inicios de 2023 debe tener listo el programa de resocialización para los elegidos.
Tanto la Corte Suprema como la Procuraduría de la Nación han dado su aval para la aplicación del programa. Foto ilustrativa
Para el próximo año será una realidad la implementación de los brazaletes electrónicos en personas que estén cumpliendo prisión informó el ministro de Gobierno, Roger Tejada.
El titular, que lleva dos meses en el cargo, aseguró que el plan piloto, durante el cual se colocaron 213 dispositivos a hombres y mujeres detenidos ha dado resultado, por lo que luego de conversaciones con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, se ha llegado a la determinación de lanzar el programa en 2023.
Tejada detalló que para el 15 de enero deben tener listos un plan de resocialización en los que calificarían para ingresar al programa aquellos reos para inserción laboral, educación y formación, y aquellos que padecen de enfermedades crónicas.
Por otra parte, un equipo de abogados revisa los códigos penal y procesal penal para ajustar el programa a los que exigen estas normas.
El ministro de Gobierno dijo que el plan piloto, que se ejecuta con ayuda de la fundación Jesús Nueva Oportunidad, ha dado un resultado de 100% y de la cifra antes mencionada, 40% de los presos están en el campo laboral.
“En este momento, se clasifica a los detenidos para que ingresen al programa y conmuten sus penas”, indicó Tejada.
Otro programa para descongestionar las cárceles y que ya se ejecuta es el extramuro, que consiste en que los reos realicen servicios comunitarios.
Detenidos debidamente seleccionados han procedido a participar de la limpieza de espacios públicos como la Cinta Costera, Calzada de amador y algunos parques.
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De igual forma, se espera que se integren en enero y febrero al mantenimiento de los centros educativos que serán intervenidos por CON Escuelas, que se estima en más de 600.
Hasta el pasado mes de noviembre, había en las cárceles del país, 21,690 detenidos, de los que 14,036 habían recibido sentencia y 7,654 todavía estaban siendo procesados.
El hacinamiento en las cárceles supera los 7,000 detenidos, observándose con más preocupación en los penales de Santiago, Las Tablas, Aguadulce y Penonomé.
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