Rechazan presiones por extinción de dominio

Las voces de rechazo al polémico proyecto de ley de extinción de dominio vuelven a resonar, tras las declaraciones de la nueva embajadora de Estados Unidos, Maricarmen Aponte, quien dijo que es urgente su discusión y aprobación en la Asamblea Nacional.

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Aponte indicó que "Estados Unidos urge a la Asamblea Nacional a que siga el debido proceso, tenga los debates que tenga que tener, pero al fin y al cabo apruebe esta ley".

En esa misma línea, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, manifestó que la ley de extinción de dominio es necesaria para poder combatir el músculo financiero de las organizaciones criminales.

Estas declaraciones han generado una serie de críticas, pues las consideran una clara injerencia de un país extranjero en los asuntos nacionales.

Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), manifestó que estas declaraciones lo primero que demuestra es que la extinción de dominio no es una ley que nace, ni que se necesita en Panamá, "sino que trae condimentos e intereses externos que no son los de Panamá".

Agregó que claramente es una ley excesiva en su redacción y que bajo ninguna forma la aprobarían en los Estados Unidos.

"Las leyes de extinción de dominio en países de Centroamérica, incluso en otros lugares como México y Colombia, se han usado muchas veces con fines distintos de los que se proponen y ninguno de estos países puede darle clases a Panamá de que con eso la estén pasando mejor en cuanto a seguridad, al manejo del crimen organizado, en cuanto a enfrentar los carteles de drogas, etc", puntualizó el jurista.

Comentó que el problema que tiene esta ley, es el condimento político que tiene y el débil sistema de justicia que hay en el país.

"Yo, con el mayor respeto del mundo, le diría a la embajadora de Estados Unidos, que ella debe conocer lo que es soberanía y la no injerencia de otros países en los asuntos internos de cada país, nosotros ciertamente no le estamos diciendo a Estados Unidos qué leyes deben aprobar y cuáles no, por ende pedimos el mismo respeto que debe tener la diplomacia de un país", aseveró.

Quién también reaccionó a estas declaraciones fue el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, quien dijo que no se puede pasar por alto que Panamá es un país soberano, tiene disposiciones legales y un ordenamiento jurídico que lo hace ser independiente y soberano.

Expresó que a todas luces pareciera que le estuviera dando instrucciones a la Asamblea Nacional de lo que tiene que hacer.

"Veo con preocupación que cada vez nuestros funcionarios se encuentran con ese tipo de visitas. Pareciera que las autoridades (Ejecutivo) estuvieran haciéndole reverencia, cuando deben mantener un grado de independencia", señaló.

De forma puntual, Fraguela destacó que lo que ha ocurrido, le recuerda lo vivido en la antigua Zona del Canal, donde había un gobernador, donde sus funciones eran dirigir las políticas internas dentro de ese territorio.

En tanto, el catedrático universitario y abogado, Miguel Antonio Bernal, afirmó que esta ley de extinción de dominio se lleva de plano todas las garantías fundamentales de los ciudadanos panameños.

"Para que así se cercenen las más preciadas garantías y libertades. Una vez más optan por el autoritarismo y el militarismo. Pino y Nito deben de estar felices.. Y los diputados, que harán? Vienen tiempos recios", declaró el constitucionalista.

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