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Exigen justicia a casi un año del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres

La protesta la iniciaron en las inmediaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), donde los manifestantes exigieron que el crimen de la ambientalista no quede impune.

Tegucigalpa/ACAN-EFE - Actualizado:

Recuerdan a la ambientalista hondureña Berta Cáceres. FOTO/EFE

Familiares, representantes de Amnistía Internacional (AI) y decenas de indígenas de la etnia lenca y afrodescendientes pidieron en Tegucigalpa justicia para la ambientalista Berta Cáceres, y exigieron respuestas para que el caso, casi un año después, sea esclarecido. "Justicia", se leía en una gran manta negra con letras en blanco al frente de la protesta organizada por el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que Cáceres era su coordinadora general. La protesta la iniciaron en las inmediaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), donde los manifestantes exigieron que el crimen de la ambientalista no quede impune. "Es una manifestación para conmemorar, lo que el COPINH llama la siembra de la vida de Berta Cáceres en la conciencia nacional", dijo a periodistas Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia de la líder indígena. Del STIBYS, los manifestantes se trasladaron a las cercanías de la Corte Suprema de Justicia, cuyas instalaciones desde primeras horas del día fueron resguardadas por policías, y donde Fernández presentó un recurso para que se cancele la concesión otorgada a una empresa para la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país, al que se oponía Cáceres por contaminante. La activista medioambiental fue asesinada a tiros en su casa, en la ciudad hondureña de La Esperanza, el 3 de marzo de 2016, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las amenazas constantes que recibía. El día de su muerte Cáceres dormía en su casa, donde además tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, quien resultó con una herida leve de bala en una oreja. Berta Zúñiga, hija de la activista hondureña, expresó a periodistas su inconformidad por "los vacíos" en la investigación que realizan las autoridades hondureñas para esclarecer el crimen. Además, demandó que se investigue la autoría intelectual del asesinato de su madre y cuestionó "la poca voluntad del Estado" para "investigar a profundidad" el caso y "llegar a los verdaderos autores" del crimen. Los manifestantes también reiteraron el reclamo de "justicia" y exigieron a las autoridades la captura de los "autores intelectuales" del crimen de Cáceres. En declaraciones a Acan-Efe, la directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas, expresó su solidaridad a los defensores de derechos humanos y pueblos indígenas que este miércoles conmemoran un año del asesinato de Berta Cáceres. Lamentó que la ambientalista fue asesinada por "la defensa de los derechos humanos", por lo que exigió al Estado hondureño que "se haga justicia para Berta". Guevara-Rosas mostró su preocupación porque las investigaciones realizadas hasta ahora en este caso "no indican que se llevará ante la justicia a los autores intelectuales". Enfatizó que Honduras es uno de los países del mundo "más peligrosos" para los defensores de los derechos humanos. La presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, dijo a Acan-Efe que Berta Cáceres fue asesinada "por defender los bienes comunes de la naturaleza". Resaltó la importancia de defender los recursos naturales y lamentó que "nos van a seguir presentando un montón de personas, pero (no )los que dieron la orden, los que pagaron para que la mataran; no estamos conforme, exigimos una verdadera aplicación de justicia". Con más de 30 años de trayectoria en la defensa de los derechos, Miranda exigió al Estado hondureño que "se haga responsable", pues, en su opinión, el Gobierno "es responsable del asesinato de Berta Cáceres, porque está en la obligación de garantizar los derechos de los pueblos indígenas". Por el caso de Cáceres hay ocho personas detenidas, pero sus familiares exigen la captura de los autores materiales e intelectuales del asesinato que causó conmoción a nivel nacional e internacional. 
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