Manifestantes golpean al presidente del Tribunal Constitucional chileno
El Tribunal Constitucional, eleva los requisitos para que los acusados por violaciones a los derechos humanos, que purgan condenas en la cárcel especial de Punta Peuco, accedan al beneficio de libertad condicional.
Iván Arostica, presidente de la Corte Constitucional de Chile, es atacado por manifestantes cuando abandona la corte, que escuchó los argumentos a favor y en contra de la libertad condicional para los condenados por delitos contra los derechos humanos en Santiago, Chile. FOTO/AP
Un grupo de manifestantes agredió con patadas y puños al presidente del Tribunal Constitucional chileno, Iván Aróstica, tras una jornada de alegatos por un proyecto de ley que otorgaría libertades condicionales a reos acusados por violaciones a los derechos humanos.
Aróstica, cayó estrepitosamente el suelo tras recibir algunos golpes en la cara y en el suelo recibió varias patadas que le dejaron uno de sus pómulos hinchado.
El abogado, que fue atacado en pleno centro de la capital chilena por un grupo de personas cercanas a movimientos de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), debió ser rescatado y protegido por fuerzas especiales de Carabineros.
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El articulado, aprobado por el Congreso y que era discutido este miércoles en el Tribunal Constitucional, eleva los requisitos para que los acusados por violaciones a los derechos humanos, que purgan condenas en la cárcel especial de Punta Peuco, accedan al beneficio de libertad condicional.
En dicho recinto, situado 35 kilómetros al norte de Santiago, están recluidos más de un centenar de exmilitares acusados de delitos de lesa humanidad durante el régimen militar.
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El cierre de la prisión, considerado por las agrupaciones de derechos humanos como una "cárcel cinco estrellas" por las comodidades que tienen los reclusos, fue solicitado en varias oportunidades a la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018), que pese a su respuesta positiva, finalmente no lo clausuró.
Durante la dictadura, unas 3,200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1,192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40,000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.