Un ataque contra inmigrantes venezolanos caldea la frontera en Brasil

Los ataques de brasileños contra campamentos de inmigrantes venezolanos en la ciudad fronteriza de Pacaraima han llevado a 1.200 venezolanos a abandonar el país y han elevado la tensión en una región que pide auxilio al Gobierno.

Pacaraima vive hoy una calma tensa después de las protestas de este sábado que derivaron en actos vandálicos contra los inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis económica, política y social que atraviesa su país.

También cortaron durante cinco horas la principal vía de acceso al municipio a grito de "fuera venezolanos", según videos de las protestas divulgados por redes sociales.

El motivo, la agresión de un conocido comerciante local a manos, supuestamente, de un grupo de venezolanos, que intentaron asaltarlo en casa con su familia, de acuerdo con el Gobierno de Roraima.

La ola de violencia ya ha provocado que al menos 1.200 venezolanos hayan decidido recoger sus pertenencias y abandonar Brasil para poner rumbo al lugar del que se fueron, según confirmó el Ejército brasileño.

Pacaraima se ha convertido en la principal puerta de entrada de los 50.000 venezolanos que en el último año y medio han ingresado a Brasil para rehacer sus vidas. Se estima además que cerca de 400 cruzan diariamente la frontera.

"Las autoridades no se están tomando en serio la situación", denunció a Efe el alcalde de Pacaraima, Juliano Torquato.

"Tenemos todos los servicios públicos saturados. Estamos sobreviviendo en una realidad y no sé cómo (...) Estamos con nuestros recursos a cero, vamos a entrar en colapso", añadió.

Torquato aseguró que algunos de los que han entrado "tienen problemas con la Justicia venezolana" y pidió que a todos se les pida el pasaporte y los antecedentes penales en los controles fronterizos.

Por su parte, el presidente brasileño, Michel Temer, se reunió hoy con varios de sus ministros, entre ellos el de Defensa, general Joaquim Silva e Luna, y de Seguridad, Raul Jungmann, para tratar el asunto.

El Ministerio de Seguridad informó ayer que enviará efectivos extras de la Fuerza Nacional a Pacaraima con previsión de que lleguen este lunes, aunque no ofreció mayores detalles.

No obstante, la gran mayoría de los inmigrantes venezolanos deciden instalarse a unos 200 kilómetros más al sur, en Boa Vista, la capital de Roraima, donde se encuentran casi todos los centros de acogida y se estima que hay unos 25.000, muchos de ellos en condiciones muy precarias.

Suely Campos, gobernadora del estado de Roraima, declarado desde el pasado 15 de febrero en "situación de vulnerabilidad" por Temer, denunció en dos notas la falta de apoyo del Gobierno Federal, pidió al Ejército que "garantice el orden" y reiteró su solicitud de "cerrar temporalmente la frontera".

Esa parte de la frontera, la de Roraima, ya estuvo cerrada a principios de agosto durante unas 20 horas tras una sentencia de una juez federal, que fue revocada poco después por un tribunal superior.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha creado un grupo de trabajo específico para la zona e impulsado una serie de medidas humanitarias, en las que participan el Ejército y organismos internacionales, aunque no parecen ser suficiente para Campos.

A esas críticas se unió la influyente Orden de los Abogados de Brasil (OAB), que comentó que, tras el "grave episodio de violencia" vivido en Pacaraima, "cabe al Gobierno Federal una actuación urgente antes de que ocurra una tragedia".

El presidente de la OAB, Claudio Lamachia, subrayó que "lo que era una cuestión humanitaria ahora tiene una fuerte connotación de seguridad", por eso, los estados brasileños "necesitan organizarse para recibir a los venezolanos y dar un ejemplo al mundo de democracia y solidaridad".

Hasta el momento, unos 800 venezolanos ya han sido ubicados en diferentes ciudades brasileñas como Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro.

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Aun así el drama del éxodo venezolano afecta más gravemente a otros países latinoamericanos, como Colombia y Perú. De hecho, la mitad de los que llegaron a Brasil (54 %) desde 2017 ya han abandonado el país, según el Gobierno.