Contraloría sí puede investigar la corrupción, dice procuradora

La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, discrepó con el procurador José Antonio Sossa, al considerar que no es inconstitucional la Ley 59 de 1999 que permite a la Contraloría General de la República investigar los delitos de enriquecimiento ilícito.
Montenegro de Fletcher al emitir una opinión dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 7, 8 y 9 de la Ley No. 59 de 29 de diciembre de 1999, estableció que esta norma no contradice la función investigadora del Ministerio Público.
A juicio de la funcionaria, “evidentemente” ninguno de los artículos de la citada ley choca con la Constitución Nacional, debido a que mantiene bajo la esfera del Ministerio Público la investigación penal de los casos de enriquecimiento ilícito.
Sostiene que es el Ministerio Público el que debe determinar cuándo se produce la afectación de los bienes o fondos del Estado a través de alguna acción y en ningún momento la norma sustrae su competencia para vigilar las actuaciones de los funcionarios.
Sin embargo, el procurador Sossa ha manifestado su oposición a la citada legislación, debido a que a su juicio se elimina la capacidad del Ministerio Público para investigar los casos de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el procurador, la exigencia de presentar una prueba sumaria por parte del denunciante hace prácticamente imposible que se puedan presentar querellas por la comisión de este tipo de delitos y se ha limitado la capacidad investigadora de su despacho.