Debate de reformas al servicio de electricidad entra en etapa crucial

Este martes se reanuda el primer debate del proyecto de ley No. 705, que reforma el servicio público de electricidad, con la discusión de las propuestas presentadas para modificarlo.

Algunas de estas iniciativas fueron presentadas, con base en recomendaciones formuladas por empresas generadoras y distribuidoras.

En el caso de las últimas, pidieron que algunas disposiciones entren en vigor después que se renueven los contratos de concesión, proceso que debe culminar en octubre de 2028.

No obstante, la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), recordó que, de igual forma, la propuesta del Gobierno permitirá cancelar la concesión a las distribuidoras que no cumplan con la calidad del servicio y las obligará a llevar electricidad a unas 58 mil familias que hoy viven sin luz.

"Tiene que llegarle a la empresa una señal económica, que le cueste la mala calidad del servicio", dijo el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez.

El funcionario destacó que sin consecuencias reales, las distribuidoras seguirán cobrando la tarifa completa mientras el usuario espera años por una respuesta a sus reclamos.

Entre las propuestas presentadas por diputados figura que algunas causas para la terminación de los contratos de concesión comiencen a regir desde el 22 de octubre de 2028.'

Diversos proyectos fueron presentados por diputados para reformar la ley de electricidad.

No obstante, el Ejecutivo presentó su propuesta, que es la que actualmente se aborda en primer debate en la comisión de Comercio.

Las consultas al proyecto 705 ya fueron superadas y ahora el debate se centra en discutir las modificaciones presentadas por las bancadas.

Este es otro proyecto de relevancia que está en una carrera contra el tiempo, ya que a la Asamblea solo le resta cuatro semanas para culminar la primera legislatura.

Entre estas, destaca el incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en la presente ley o las derivadas del contrato.

Adicional, el incumplimiento reiterado en la ejecución de las obras o instalaciones comprendidas en el programa de inversiones y el incumplimiento reiterado de la obligación de electrificación rural en las áreas rurales no servidas no rentables.

También, si durante el periodo de la concesión, la suma acumulada de las reducciones tarifarias, penalizaciones y multas aplicadas al concesionario por el incumplimiento de normativas vigentes y del contrato, supera el 25% del ingreso total anual facturado por el servicio público de distribución en el año inmediatamente anterior.

Otro punto que destaca la Asep es que la reforma también sienta las bases para una tarifa más competitiva, aunque no incidirá en forma directa.

Zelmar Rodríguez, administradora de la entidad, explicó que la clave es devolver a las distribuidoras la responsabilidad de licitar la compra de energía, de manera oportuna y a plazos de 10, 15 y hasta 20 años.

"Con contratos de largo plazo, las distribuidoras obtienen mejores precios", subrayó.

Yamireliz Chong, diputada de Vamos y miembro de la comisión de Comercio, dijo que la discusión debe ser más profunda e integral.

"No estamos tocando a Etesa, de la obligación que tiene de inversión para evitar que la transmisión sea un problema del servicio que se brinde; tampoco, a las generadoras que si en algún momento tienen alguna situación que hace que haya apagones, también tengan multas", dijo en entrevista a Telemetro Reporta.