Diputados, intocables por justicia panameña

A pesar de las innumerables denuncias por presuntos actos delictivos por parte de los diputados, en Panamá diversos sectores coinciden en que urge un cambio radical en el sistema de justicia para aplicar la certeza de castigo hacia quienes nos gobiernan.

Ello, al conocerse casos de donaciones, contrataciones y compras directas a favor de empresas allegadas a los diputados oficialistas, con la utilización de partidas para proselitismo político.

Se trata de estrategias y campañas políticas, en las que algunos de los mayores beneficiados son los diputados de gobierno, quienes en esta administración han canalizado las compras directas a las empresas como el grupo Coremusa, vinculada al diputado Adolfo "Beby" Valderrama.

También por gestiones del diputado Jorge Iván Arrocha, quien en nombre de la población humilde realiza donaciones por medio de la Junta Comunal de Río Indio, con fondos públicos.

En el caso de Arrocha pudo conocerse la contratación de 47 personas que habrían recibido 49 mil dólares en solo tres meses, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Esto generó denuncias que serían desatendidas por las autoridades pertinentes, al encontrarse en una especie de acuerdo para no investigarse entre sí ni aplicar la ley como a cualquier otro panameño.

Para la representante de Cambio Democrático (CD) Dinoska Montalvo,‏ es "indignante que 71 diputados sean intocables, mientras que 4 millones de panameños estamos sujetos a la ley".

A juicio del abogado Miguel Antonio Bernal, toda esta situación es producto de un acuerdo pactado entre las autoridades judiciales y los diputados.

"Ellos fraguaron con la Corte Suprema, durante la reforma del 2004, que los diputados investigan a los magistrados y viceversa", instruyó.

Bernal sostuvo que todo es parte del daño que hace la actual Constitución, ya que no se aplica la revocatoria del mandato, y los diputados pueden reelegirse las veces que quieran.

"Los panameños deben mentalizarse en no reelegir nadie", dijo.

El jurista destacó que en países como Colombia hay estipulaciones como las revocatorias de mandato, al igual que en la mayoría de países, pero menos en Panamá.

En este sentido, el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado manifestó que el tema de la reelección en los cargos que exceptúan al presidente están haciendo un gran daño por el clientelismo que está aquejando a la población panameña.

Márquez Amado sostiene que ante este panorama, es sano debatir los pros y los contras de la reelección, pues en otros países a los congresistas, diputados o miembros del Parlamento no se les permite correr por más de un periodo constitucional, pero también existen controles para evitar el clientelismo.

En su afán de tratar de lavar su imagen, los diputados han creado comisiones investigativas.

Según Carlos Lee, representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia, las leyes están allí, lo que no se hace es un proceso en el Ministerio Público para investigar las últimas denuncias y encausar si es el caso de que se evidencien delitos, remitir el proceso a la Corte Suprema si es el caso de los diputados.