Empresa española anuncia arbitraje internacional contra Panamá por violación de la JCJ

Las decisiones adoptadas durante la gestión de Manuel Sánchez, exdirector de la Junta de Control de Juegos de Panamá, han provocado un arbitraje internacional al desatender las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y acciones contrarias a la ley.

Codere América, S.A., compañía española del Grupo Codere, con más de 20 años de inversión en Panamá, ha iniciado formalmente frente al Estado panameño un proceso de arbitraje internacional de inversión, mediante la notificación de una Controversia bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Panamá.

Según informes, Manuel Sánchez Ortega, autorizó el traslado de varias Salas hacia el "Área Designada"; una decisión abiertamente contraria a lo previsto en el Decreto Ley 2 de 1998 y pese al pronunciamiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema que en el 2023, dictó una sentencia que declaró ilegal el traslado y apertura de Salas en el Área Designada de la Ciudad de Panamá.

Una segunda decisión judicial posterior confirmó íntegramente dicho fallo, reafirmando como cosa juzgada la decisión judicial que declaró que el traslado y apertura de salas de algún operador en el Área Designada es ilegal a partir de la entrada en vigor de dicha normativa.

La decisión del Grupo Codere se adopta tras la pasividad del Estado panameño, pese a múltiples acercamientos institucionales realizados durante la pasada administración y no adoptar medidas para dar cumplimiento a la normativa vigente aplicable al sector de juegos, y en particular el Decreto Ley N.º 2 de 1998 y la Ley N.º 49 de 2009, ambas normas de orden público.

A cumplirse tres años desde la primera sentencia, el gobierno panameño no sólo sigue sin corregir las normas que rigen el sector de juego, y no sólo no cumplió con lo ordenado por la Corte Suprema, sino que a finales de noviembre de 2023 la Junta de Control de Juegos adoptó una resolución consolidando de facto la situación de ilegalidad dejando desamparada la inversión de Codere América en Panamá sin protección institucional y de la tutela de la Corte Suprema, ante la introducción arbitraria y parcial de salas en el Área Designada

De acuerdo con información conocida públicamente, la conducta del exfuncionario es actualmente objeto de acciones penales, en un proceso que busca determinar eventuales responsabilidades personales derivadas de las decisiones adoptadas durante su gestión.

Un Juez de Garantías ha ordenado recientemente reabrir la investigación penal contra Manuel Sánchez Ortega por tales prácticas que siguen sin ser atendidas por Panamá.

Operadores del sector señalaron que las actuaciones administrativas impulsadas bajo dicha gestión han permitido durante todos estos años la operación ilegal de salas de juego en la Ciudad de Panamá, con claro perjuicio de otros operadores que invirtieron en el país confiando en la seguridad jurídica y el cumplimiento de la legalidad por las autoridades, y en beneficio del grupo Cirsa, que fue el único beneficiado por la adenda de noviembre de 2009 y que ha sido declarada contraria Decreto Ley No.2 de 10 de febrero de 1998.

"El problema ya no es solo regulatorio o económico, sino institucional. Cuando las sentencias de la Corte Suprema no se cumplen y las decisiones ilegales no tienen consecuencias, se compromete la credibilidad del Estado", señaló una fuente del sector.

"La falta de cumplimiento de las normas vigentes en el sector de juegos y consentir que se prolongue en el tiempo una situación de ilegalidad dejó a la inversión sin protección efectiva y sin una vía real de corrección institucional," señaló la compañía.

Codere América es inversionista mayoritario de Alta Cordillera, S.A. e Hípica de Panamá, S.A., operadores de casinos y del Hipódromo Presidente Remón, que, tras haber agotado las vías administrativas y judiciales internas durante la pasada administración, se ha visto abocada a activar el mecanismo de protección previsto en el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Panamá, vigente desde 1997.

"El arbitraje internacional no es una amenaza ni un gesto político, sino la consecuencia jurídica de años de inacción estatal frente a situaciones ilegales," indicó la empresa, subrayando que el caso plantea un problema seguridad jurídica y credibilidad institucional.