Gremios y abogados repudian intento de inhabilitar a Mulino

Tratar de inhabilitar a José Raúl Mulino como candidato presidencial, sería acabar con la credibilidad que tiene el sistema judicial y electoral en Panamá, teniendo en cuenta que no hay tal inconstitucionalidad argumentada por un grupo de detractores de Ricardo Martinelli Berrocal y todo lo que esté cerca de él.

Detrás de este nuevo intento de acabar con la oferta electoral de Realizando Metas (RM) y Alianza, estaría el mismo grupo que presionó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Electoral (TE), para inhabilitar a Martinelli.

Diversos sectores han mostrado su rechazo a este nuevo intento por acabar con la democracia panameña, esta vez con la inhabilitación del candidato presidencial, Mulino.

El Colegio Nacional de Abogados (CNA), a través de su presidenta Maritza Cedeño, rechazo la admisibilidad por parte del magistrado Olmedo Arrocha, de un recurso de inconstitucionalidad con el que se busca tumbar la candidatura de Mulino.

Cedeño comentó que está sumamente preocupada con la situación que se está dando en el país, por lo que están haciendo un análisis de las normas electorales.

"Mañana (hoy) haremos un llamado al Tribunal Electoral, que es el ente exclusivo de las elecciones nacionales, constitucionalmente es el único que tiene que velar por las elecciones nacionales y tiene que tener todas las normas jurídicas que regulen cualquier hecho que se pueda dar", aseguró Cedeño.

Por su parte, el catedrático Miguel Antonio Bernal, indicó que la celeridad de la admisión del recurso de inconstitucionalidad contra la participación de Mulino en las elecciones del 5 de mayo, debe alertar a los ciudadanos sobre lo que pretende hacer el Gobierno.'

5

de mayo se celebrarán las elecciones generales en el territorio nacional.

8

son los candidatos presidenciales que participan e las elecciones de mayo próximo.

Expresó que hay una serie de actos que buscan crispar, aún más, a la población para no reconocer el fracaso electoral del partido oficialista.

Bernal dijo que en la Corte Suprema de Justicia tienen varias medidas para admitir recursos de inconstitucionalidad.

"El Recurso contra la Ley 350 que afecta a centenares de egresados con Licenciatura en Derecho, se presentó en octubre del 2023 y todavía no lo resuelven. Arrocha acogió el de la Karamañites en dos horas", aseguró.

Además de esto, el catedrático cuestionó lo rápido que se le ha dado el trámite a este recurso de inconstitucionalidad con el que buscan tumbar la candidatura de Mulino.

"Cuántos abogados esperan meses y hasta años para que se les admitan recursos, amparos, habeas datas. Se burlan del debido proceso, pisotean los derechos y garantías ciudadanas olímpicamente", puntualizó el letrado.

Por su parte, el diputado independiente, Juan Diego Vázquez, manifestó en el fondo no hay asidero jurídico para la inhabilitación de José Raúl Mulino.

"Él jurídicamente debe correr, si el problema es que no tiene un vicepresidente, que es una de las pretensiones que han planteado, el llamado debe ser al Tribunal Electoral para que le permita colocar uno. Porque la Ley que no le permite colocarlo no es culpa del candidato, es de la Ley Electoral", comentó.

Mientras que el doctor en Derecho, Ernesto Cedeño, explica que la designación de Mulino se adecúa a lo que dice la Constitución Política, aunque no haya ido a elecciones primarias.

"Quinquenio tras quinquenio, el candidato presidencial designa a su suplente y no me parece que debiera ser la excepción en un caso inédito como el que hemos vivido en estas elecciones. La opinión la doy indistintamente a mi preferencia electoral", acotó.

Cedeño dijo que no se debe torcer el derecho, por lo que a su juicio Mulino debe correr como candidato presidencial, porque lo permite el Código Electoral, por lo que todas las campañas se deben esforzar por llevar a sus candidatos de su preferencia al lugar que les corresponde, "que corra pero lo que no debemos hacer es patrocinar una injusticia, ni torcer el Derecho para tratar de ganar algún grado de ventaja en favor de alguien.

Otro que emitió su opinión fue el exdiputado Panameñista y abogado Jorge Alberto Rosas, quien calificó de exabrupto la admisión de una demanda de inconstitucionalidad para tratar de inhabilitar al candidato presidencial por los partidos RM y Alianza.

"Mulino y yo hemos tenido fuertes diferencias, pero debo señalar que la admisión de inconstitucionalidad de su candidatura por la Corte Suprema de Justicia, es un error y declararla inconstitucional sería un exabrupto mayor. Allí no hay controversia constitucional, solo legal materia exclusiva del Tribunal Electoral", explicó.

Preocupación

Ante lo que se busca hacer con la candidatura de Mulino, quien también reaccionó fue el Grupo de Acción para la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), quien tiene como coordinadores a Carlos Raúl Moreno Dávila, Eloy Alfaro y Raúl Mulina.

A través de un comunicado expresaron que para que a Panamá se le apliquen los mismos requisitos y reglas que a otras jurisdicciones en materia de servicios financieros internacionales, es absolutamente necesario que esté representados por un gobierno de incuestionable legitimidad producto de unas elecciones generales libres y transparentes.

Por lo que se le comunica a la Nación que es de suma preocupación de que luego que el Tribunal Electoral decidiera de manera unánime confirmar como válida y legítima la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, se pretenda desconocer la misma a través de un recurso de inconstitucionalidad presentado a pocos días de realizarse dichas elecciones.

"Los abogados existen para argumentar a favor y en contra de cualquier materia jurídica; le toca al Órgano Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia ponderar la seriedad o no de los argumentos o las segundas intenciones y falacias de los mismos, además del impacto social y el daño al país que pueda ocasionar una decisión cuestionable", dijeron.

Expresaron que en esta ocasión está en juego la legitimidad del próximo Presidente de la República que sea quien sea el escogido por el pueblo, deberá enfrentar unos retos de enorme magnitud y conocidos por todos; tanto candidatos, así como ciudadanos.

"La estabilidad política y consecuentemente la precaria situación económica que vive el país, depende de que este exabrupto no prospere, y se decida en las urnas el que favorezca el pueblo que debe conducir los destinos de la Nación", concluyó el Gapifi.

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