Presidente detiene la creación de juzgados sin revisar presupuesto

La falta de presupuesto ha estado detrás de la creación de una cantidad plural de juzgados y tribunales en la Administración de Justicia.

Precisamente, el pasado 7 de abril, el presidente José Raúl Mulino objetó en forma parcial el proyecto de ley No.229, que busca actualizar la organización judicial en la provincia de Panamá Oeste.

El artículo 5 del proyecto modifica el artículo 148 del Código Judicial y establece que en el nuevo circuito judicial de Panamá Oeste habrá dos jueces del ramo civil y 13 del ramo penal.

De acuerdo con el Órgano Ejecutivo, la sostenibilidad de esta medida requiere una planificación presupuestaria progresiva que permita fortalecer previamente la infraestructura y el recurso humano de los juzgados.

"Este incremento conlleva, además del nombramiento de nuevos jueces, la asignación de personal auxiliar, adecuaciones de infraestructura y gastos operativos adicionales", registra el informe de la objeción presidencial.

Mulino le recordó a los diputados que antes del tercer debate de todo proyecto, deberá solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, la evaluación del impacto económico de los proyectos de ley que puedan afectar la recaudación o generar efectos fiscales.

El tiempo que fija la propuesta legislativa para la creación de estos juzgados es de seis meses, situación que a juicio del Ejecutivo, podría generar obligaciones financieras en un plazo reducido, sin que exista una estructura presupuestaria claramente definida para su implementación.'

Para que se tenga una idea de la falta de sintonía entre presupuesto y justicia, el Código de Trabajo, creado en 1972, establece un tribunal de casación laboral, el cual todavía, después de casi medio siglo, no ha entrado en funcionamiento.

A través de un estudio efectuado por el Colegio Nacional de Abogados, se reveló que, hace cuatro años, eran 157 tribunales los que, a lo largo de los últimos años, no han podido operar por falta de presupuesto.

Como acontece con la etnia negra, que tiene un mes entero para celebrar su aporte a la nacionalidad panameña, los pueblos originarios buscan tener 30 días también. El 9 de agosto se celebra el Día de los Pueblos Originarios en Panamá.

La iniciativa fue presentada por la diputada Patsy Lee Rentería, del partido Popular y afín a la bancada Vamos.

Este proyecto, además, dispone que en los distritos de La Chorrera y Arraiján, habrá no menos de 10 jueces municipales denominados así: de Jurisdicción Civil, Penal y de Familia y de Juzgados Municipales Mixtos.

Pueblos originarios

Y hablando de motivos presupuestarios, otro proyecto que recibió objeción del mandatario, en este sentido, fue el que establece el mes de agosto como de conmemoración, reconocimiento y exaltación de los pueblos originarios de Panamá.

La iniciativa del diputado panameñista Roberto Archibold fue detenida, principalmente, por su entrada en vigencia, la cual era inmediata.

El Presidente de la República afirmó que la medida compromete el principio de legalidad del gasto público y la correcta administración financiera del Estado.

Y es que las obligaciones que conlleva la propuesta legislativa suponen la utilización de recursos humanos, logísticos, administrativos y financieros, lo que conlleva erogaciones presupuestarias que deben estar previamente autorizadas en la Ley de Presupuesto vigente.

"Se estima necesario modificar dicha disposición, a fin de que la entrada en vigor de la ley se produzca posterior a la presente vigencia fiscal", consideró Mulino al objetar el proyecto.