Responsabilidad, ¿de quiénes?

A diez días de las inundaciones está sin despejar la interrogante sobre quién o quiénes recae la responsabilidad por el número de personas afectadas en la ciudad de Panamá.
Si hubo fallas en el Sistema de Ventanilla Única para la aprobación del proyecto urbanístico en Prados del Este, lo que hay que determinar ahora son las responsabilidades.
El aporte de las investigaciones de la Comisión de Alto Nivel dará mayor fuerza a las acciones que debe efectuar el Ministerio Público.
El ex procurador Rogelio Cruz explicó que las consecuencias de las afectaciones se producen por un hecho de la naturaleza, pero se puede también establecer la figura de homicidio por imprudencia o culposo en el caso de las víctimas que fallecieron en las otras áreas afectadas.
En el caso de la promotora, sostiene, hay que ver la labor de venta en la que se basó, porque según las denuncias las casas entregadas no correspondían a lo antes visto y pudiera caber el delito de estafa.
El encargado de la comisión, el ministro de Obras Públicas, Carlos Vallarino, aseguró que de existir construcciones que no cumplieron con algunos requisitos en los proyectos del sector Este, se profundizarán las investigaciones para determinar responsabilidades y, de observarse irregularidades, serán trasladadas a las autoridades pertinentes.
En una opinión vertida a El Panamá América el ingeniero Humberto Reynolds de Unamuno señaló que la Junta Técnica de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), debe aplicar las sanciones correspondientes a los colegas que están afectando la profesión, haciéndolos a todos cómplices del sinnúmero de anomalías que se han presentado en la materia.
El ingeniero Reynolds pidió la promoción de la expedición y reformas de leyes y reglamentos relativos al ejercicio de la ingeniería civil .
La Junta Técnica de la SPIA debe hacer cumplir la Ley 15 de 26 de enero de 1959, que rige el ejercicio profesional de los ingenieros y arquitectos. La SPIA es parte de la Comisión de Alto Nivel creada para investigar las causas de las inundaciones.
Por su parte, el presidente de la SPIA, Abdiel Cano, informó que la ley se va a cumplir, que siempre han sido transparentes en su proceder y evitó opinar sobre la solicitud de Reynolds.
El ex procurador Cruz considera que ante la posible existencia del hecho punible, hay que investigar tanto a los responsables de la obra como a los funcionarios encargados de aprobar los proyectos urbanísticos. Podría darse el caso de una especie de delito con víctimas y autores múltiples.
Dijo que todas las víctimas pueden presentar sus querellas penales, al establecerse el delito; esto conlleva la obligación de indemnizarlos, por los daños causados y se puede exigir la responsabilidad civil.
Una fuente técnica afirmó que si se determina que hubo fallas, existe además responsabilidad en los encargados de inspeccionar la obra.
El presidente de la Asociación Bancaria Nacional (ABN), Raúl Alemán, explicó que el financiamiento de estos proyectos con- lleva una inspección técnica que realiza el grupo de arquitectura o ingeniería del banco o un tercero que se contrata para hacer una evaluación integral de la infraestructura y costos relacionados con la obra.
Las sanciones que puede determinar la Junta Técnica de la SPIA de comprobar negligencia o responsabilidad de algún profesional en los hechos, van desde la amonestación escrita hasta la cancelación de la licencia.