CIUDAD DE MÉXICO — Los horripilantes asesinatos de una mujer y una niña a principios de febrero han conmocionado a México, desatando indignación subrayada por manifestaciones callejeras, furia en las redes sociales y crecientes exigencias de medidas incisivas por parte del Gobierno contra la violencia de género.

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Ingrid Escamilla, de 25 años, fue apuñalada, desollada y desentrañada, y Fátima Cecilia Aldrighett, de 7 años, fue raptada al salir de la escuela y su cuerpo fue encontrado posteriormente envuelto en una bolsa de plástico.

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La indignación está forzando un ajuste de cuentas en un país que desde hace mucho ha batallado con la violencia contra las mujeres. Es una prueba importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador —y sus detractores, que han calificado su respuesta como anémica, insensible y condescendiente, dicen que es insuficiente.

Xóchitl Rodríguez, integrante de Feminasty, una organización de activismo feminista, dijo haberse sentido decepcionada por la respuesta de López Obrador, quien en su campaña se presentó como una figura de transformación, como alguien que defendería a las poblaciones marginadas.

“El hecho de que despiertes por la mañana y que tu presidente no pueda asegurarte qué acciones en específico está tomando para lidiar con el problema es indignante”, dijo.

En el 2019, el Gobierno mexicano registró 1006 feminicidios, el delito de asesinar a mujeres o niñas debido a su género —un aumento del 10 por ciento con respecto al 2018. El número total de mujeres que mueren de manera violenta en México también se ha incrementado, de 7 al día en el 2017 a 10 por día en el 2019, de acuerdo con la oficina en México de ONU Mujeres.

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Sin embargo, pareciera que López Obrador ha batallado para encontrar la manera correcta de reaccionar ante el asunto. En una conferencia de prensa a mediados de febrero, el mandatario se molestó con los periodistas que lo cuestionaron sobre los feminicidios, y trató de orientar la conversación de vuelta a su anuncio de que el Gobierno había recuperado más de 100 millones de dólares en activos delictivos.

“Miren, no quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio”, dijo el presidente. “Se ha manipulado mucho este asunto en los medios”.

En medio de la violencia al alza y ante la ausencia de lo que consideran una respuesta efectiva, el movimiento feminista de protesta ha cobrado fuerza desde el año pasado, con algunas manifestantes destrozando las ventanas de estaciones de policía y haciendo pintas de grafiti en los monumentos de la ciudad. Las muertes de Fátima y Escamilla han inyectado una urgencia aún mayor a la problemática de la violencia de género y el machismo.

El asesinato de Escamilla, cuyo cadáver fue encontrado el 9 de febrero, fue tan macabro que logró conmocionar a la nación. Un hombre, cubierto en sangre y quien se dice era su pareja, fue arrestado y confesó el crimen, dijeron las autoridades.

Fotos del cuerpo mutilado de Escamilla se filtraron a los tabloides, que las publicaron en primera plana.

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El 11 de febrero, Fátima desapareció después de que una mujer no identificada se la llevó de su escuela primaria, un rapto que captaron las cámaras de seguridad. El hallazgo del cuerpo de la niña, envuelto en una bolsa de plástico y abandonado junto a una construcción en las afueras de la capital solo contribuyó a la ira creciente.

Manifestantes, en su mayoría mujeres, pintaron las frases: “Estado Feminicida” y “Ni Una Más” en la fachada y entrada de Palacio Nacional en México.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que se había detenido a sospechosos en el asesinato de Fátima. Dijo que la fiscalía buscaría la máxima sentencia contra el asesino de Escamilla y llamó al feminicidio “un crimen absolutamente condenable”.

El 18 de febrero, los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron una reforma al código penal que aumentaría la sentencia máxima para condenas de feminicidio de 60 a 65 años.

Elda Cantú contribuyó con reportes a este artículo.