Acuerdo histórico entre el Estado y Panama Ports 

La Contraloría General de la República inició un audito de las operaciones de PPC que abarcó desde 1997, fecha de la concesión, al 2020. Foto: Víctor Arosemena.

La decisión de prorrogar en forma automática el Contrato Ley entre el Estado y Panamá Ports Company (PPC), la tomó la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), luego del informe solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas a la prestigiosa firma jurista Arnold & Porter, con sede en Washington.

Tras hacer un análisis del Contrato Ley entre el Estado y PPC, esa consultora especializada concluyó que la vigencia de la concesión es por 50 años y que la empresa, que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, cumplió con los términos para la prórroga automática.

Simultáneamente, la Contraloría General de la República (CGR) inició un audito de las operaciones de PPC que abarcó desde 1997, fecha de la concesión, al 2020.

La principal institución fiscalizadora del Estado concluyó que la concesionaria cumplió en forma sustancial con las obligaciones del contrato y que en ese periodo no solo aportó al Tesoro Nacional $445 millones, sino que superó en casi $700 millones las inversiones contractuales, hasta sobrepasar los $1,695 millones.

El audito determinó que, en dos décadas, PPC aportó a la economía nacional $5,935 millones en inversiones realizadas, pagos al Estado, efectos indirectos y el valor agregado de las operaciones portuarias.

Esa suma, certificada por la Contraloría General de la República, incluyó $1,100 millones en salarios a trabajadores, $255 millones a la Caja de Seguro Social (CSS) en cuota obrero patronal y $395 millones pagados a contratistas.

La Contraloría General de la República estimó en su informe que PPC ha tenido utilidades por poco más de $900 millones en dos décadas de operaciones en los puertos concesionados y que, tras pagar los primeros $8 millones en dividendos, quedaba un saldo pendiente de $83 millones, como parte del 10% de la participación accionaria del Estado en la empresa.   

En las negociaciones entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y PPC, la concesionaria acordó pagar los dividendos pendientes y, en lo que consideró como un "aporte liberal", entregó un total de $165 millones, convirtiéndose en el mayor pago de dividendos jamás alcanzado por una administración gubernamental.   

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Por otro lado, bajo los términos acordados para la prórroga automática del contrato de concesión, la AMP logró que PPC le adelante al Estado los dividendos calculados de las utilidades de los cinco años de la presente administración con un mínimo estimado de $7 millones anuales, lo que significan $35 millones en forma anticipada, algo extraordinario en cualquier operación mercantil.

De acuerdo con las proyecciones de la AMP, la empresa concesionaria aportará al Estado $816 millones en los próximos 25 años de contrato lo que, sumado a los $445 millones en la primera fase de concesión, significarían $1,261 millones en pagos a la economía nacional solo en concepto de dividendos y movimiento de contenedores.

Además, al término del contrato, en el 2047, toda la actual infraestructura portuaria de Balboa y Cristóbal, junto con las nuevas inversiones que se realicen en los próximos años, pasará en su totalidad al Estado panameño.