Alimentación, derechos humanos y los acuerdos del diálogo

La alimentación es reconocida como un derecho humano fundamental. Así queda establecido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. Esto se reafirma en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En Panamá la Constitución Política salvaguarda el derecho humano a la alimentación. Es así que el Artículo 110 de la misma establece que el Estado deberá "Desarrollar una Política Nacional de alimentación y nutrición que asegure un óptimo estado nutricional para toda la población, al promover la disponibilidad de los alimentos adecuados".

A fin de asegurar el derecho humano a la alimentación se tiene que asegurar un pleno estado de seguridad alimentaria y nutricional que significa: la disponibilidad física de los alimentos necesarios; las condiciones económicas y físicas que le permitan el acceso a los mismos de toda la población; las condiciones ambientales y de salud que permitan el aprovechamiento humano de los alimentos: la estabilidad en las tres condiciones anteriores. La experiencia ha demostrado que la seguridad alimentaria debe sostenerse en la práctica de la soberanía alimentaria que, entre otras cosas, implica una política nacional independiente que responda a los intereses nacionales, dándole prioridad a la producción nacional de alimentos.

Es evidente que cualquier elemento que dañe o límite las condiciones de la seguridad alimentaria y nutricional significa un ataque contra el derecho humano a la alimentación.

En el caso de Panamá esto tiene que ver, entre otras cosas, con la presencia de condiciones de oligopolio y monopsonio en las cadenas de producción, importación y distribución de alimentos, que generan sobre costos para la población y bajos precios para los productores.

La presencia de estructuras económicas concentradas en los mercados vinculados a los alimentos en nuestro país es un hecho reconocido por muchos economistas, independientemente de sus visiones conceptuales. Es así, por ejemplo, que el Profesor Guillermo Chapman ha señalado que: "la realidad es que el reducido tamaño de la economía ha facilitado la proliferación de oligopolios, entre los que se destacan la importación de alimentos, dominada por un reducido número de grandes importadores; la distribución de medicinas; y la producción de azúcar, harina de trigo, cemento y bebidas alcohólicas y no alcohólicas".

Es claro que la función del gobierno debería ser la de utilizar mecanismos para evitar que los agentes oligopólicos, con sus precios elevados a los consumidores y reducidos a los productores, atenten contra el derecho humano a la alimentación. Es evidente que un mecanismo fundamental es el de la regulación de los precios por la vía de la regulación de los márgenes de ganancias, de manera que se eviten las llamadas rentas de monopolio (oligopolio y monopsonio). También sería importante una verdadera política de soberanía alimentaria que promoviera la producción nacional de alimentos. Lastimosamente los resultados del diálogo que ha venido facilitando la Iglesia Católica no ha llegado a resultados adecuados. En lugar de un compromiso para regular los márgenes de comercialización y ganancias, se acordó que un importante grupo de productos, respetando los altos márgenes de ganancias existentes, fueran objeto de subsidios. En un país con bajos niveles de tasas impositivas para los que más ganan, elevados niveles de evasión y corrupción, esto significará más deuda, más impuestos para los trabajadores y las clases medias y menos capacidad del gobierno de financiar los servicios sociales básicos.

Fue un grave error firmar esos acuerdos, los que también contienen reducciones arancelarias en el espíritu del llamado Consenso de Washington.