El cierre del 2020

Se tendría que dar apoyo económico a quienes se mantengan en la desocupación y la informalidad. Foto: Víctor Arosemena. Epasa.

La pandemia ha generado, además de su inmenso costo en términos de vidas humanas, un enorme costo económico y social. En términos de la producción, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que este año el Producto Interno Bruto del País (PIB) se reducirá en 11.0%, siendo esta la caída más fuerte de este indicador de todos los países de América Latina.

Se trata de una previsión que parece subestimar la problemática. Esto se evidencia teniendo en cuenta las estadísticas recientemente publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec). Según estas, en los primeros nueve meses del año, el PIB de nuestro país se redujo en 20.4% en relación con el mismo período del 2019.

Es muy poco probable, para decirlo de alguna manera, que, en el último trimestre, en base a la actual apertura de las actividades, producida únicamente pensando en los deseos de ganancias de los sectores económicamente dominantes que ha terminado por complicar más los problemas, se pueda generar un impacto positivo que lleve a un amortiguamiento de la caída del PIB, colocándola al nivel pronosticado por la Cepal.

Desde el punto de vista del empleo, la situación en que termina este año es sumamente delicada. De acuerdo con la encuesta telefónica del mercado de trabajo realizada por el Inec, en septiembre de este año, la tasa de desocupación habría alcanzado un nivel del 18.5% de la población económicamente activa (PEA), cifra que duplica la observada en agosto de 2019 (7.1%).

Como era de esperarse, el 89.3% de las pérdidas de empleo se dieron entre los trabajadores asalariados, fundamentalmente del sector privado, ya que las actividades gubernamentales han seguido manteniendo a sus empleados.

En cuanto a la calidad del empleo, la encuesta del INEC también muestra un grave deterioro. De acuerdo con esta, la tasa de informalidad entre los trabajadores que laboran en actividades no agropecuarias alcanzó en septiembre de este año un nivel de 52.8%, superior al 44.9% registrado en agosto del 2019.

Es interesante destacar que el número de informales se elevó entre estas fechas en 61,049 personas, lo que significa que muchos que perdieron su trabajo formal se han visto obligados a sostenerse en la informalidad.

Este último resultado está vinculado con la política social del actual gobierno, el que solo ofrece, cuando llega, una ayuda de $100.0 mensuales a familias que tienen que enfrentar una canasta básica alimenticia que supera los $300.0, lo que impulsa a muchos trabajadores a salir a la calle en busca del sustento diario, arriesgándose a ser contagiados por la COVID–19. Así mismo, la indolencia gubernamental en términos de facilitar y regular un transporte público seguro ha venido a endurecer las condiciones de transmisión de la pandemia.

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A todo esto, se debe agregar que la disminución del total de la PEA de 3,1% que se registra en la PEA, se trata fundamentalmente de personas que, dada la situación de la pandemia, decidieron substraerse de mercado laboral. Una vez controlada la situación, muchos de ellos buscaron ingresar al mismo.

Nuestra economía enfrenta un enorme reto para afrontar los problemas de la ocupación. Esto precisa de varias acciones urgentes, las cuales son indispensables. En primer lugar, es fundamental lograr la inmunización, vía la vacunación, más rápida posible.

En segundo lugar, la necesidad de avanzar en la construcción de obras públicas por parte del Estado, priorizando a la infraestructura social y la descarbonización de la economía. En tercer lugar, apoyar al sector agropecuario y a las pequeñas y medianas empresas. En cuarto lugar, dado que la reactivación será pausada, se tendría que dar apoyo económico a quienes se mantengan en la desocupación y la informalidad.

Economista