En análisis de la constitución real de Panamá debe partir por preguntarse, ¿cuáles son los factores reales de poder en Panamá?

No tenemos Monarquía como en Prusia, ni ejército como en la Prusia antes de la guerra franco-prusiana, pero sí tenemos: gran burguesía rentista y comercial, unos cuantos sindicatos organizados, unos partidos políticos que muy imperfectamente representan a la clase empresaria y sus facciones y familias; una pequeña burguesía agrupada en variopintos gremios en especial de salud y educación, más grupos aún más heterogéneos que se autodenominan la sociedad civil organizada; una intelligentzia minúscula;  varios movimientos étnicos de creciente presencia, en especial de pueblos originarios con fuerza emergente y decisiva en temas relevantes como agua y ambiente; una potente burguesía trasnacional y, sí, cómo no, representantes nada marginales de Estados poderosísimos que intereses muy concretos en Panamá.

A esto sume la Iglesia católica, ite es, la jerarquía, el alto clero y sus correlatos en los movimientos del fundamentalismo cristiano y muy poco más.

Estos son los poderes fácticos a considerar.

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¿Qué deben dirimir esos poderes visibles e invisibles que manejan nuestro destino?

Pues, a decir verdad, muy pocos asuntos.

Lo esencial está ya oleado y sacralizado por el pacto de poder constituyente que va de 1904 hasta el presente: el capitalismo como modo esencial de la creación y distribución de la riqueza material; los poderes del Estado como guardianes de ese orden primario; la administración de nuestro activo estratégico: el Canal de Panamá, y algunos derechos consagrados desde la Constitución Norteamericana y la Revolución Francesa, y otros derechos sociales y políticos que derivan de las Revolución Mexicana y poco más.

Realmente muy poco más.

Luego entonces, ¿cuál es la alharaca, cuál es la bulla?

O dicho seriamente, ¿qué es lo que realmente necesita reformarse, cambiarse o ponerse a tono en nuestra Constitución política? 

A mi juicio dos son los aspectos básicos, los cuales están referidos a los procesos de creación y distribución de la riqueza, pero sobre todo de la reproducción social.

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En primer lugar: la educación y los temas de ciencia, tecnología en innovación, pues el capital tiene allí una traba esencial para poder reproducirse y generar riqueza en Panamá.

El otro, es el ordenamiento territorial y la sustentabilidad medioambiental de la sociedad que se asienta en Panamá (la ecología del país, que como la economía tienen dimensiones globales).

Como puede verse son dos grandes temas, pero con muchas ramificaciones.

Estas derivaciones es lo que imponen que este cambio en la Constitución deba ser integral y no de aspecto puntuales o parches.

Por ejemplo: Quién dice educación deberá definir ¿educación para qué, de quiénes y cómo?

En mi criterio, esto supone la gratuidad de la enseñanza desde el maternal a la universidad y a lo largo de toda la vida; de todos y para todo, esto es, inclusiva e incluyente.

Por otra parte quien dice régimen ambiental o ecología, dice agua y manejo del agua, descentralización municipal, urbanismo; definir si seremos un país de turismo ecológico o de economía minera por poner de relieve cuestiones estratégicas derivadas. Y todas esas opciones tienen costos, e intereses creados en la definición de las opociones.

En el tema de relación entre los poderes del Estado, es urgente, crear un mayor equilibrio, lo que Montesquieu enseñó y los angloparlantes llaman sistema de cheks and balances.

Hay que poner freno al presidencialismo que nos ha constituido desde antes que fuéramos República. Y adecentar los otros dos poderes públicos, acabando de paso con fueros y privilegios que desdicen del carácter republicano de nuestra democracia y de la frugalidad con que debe manejarse la cosa pública.

(Cosa que, no está demás decirlo, jamás harán los actuales diputados por sí mismos).

Estos son los asuntos que se deberían dirimir en la discusión sobre una Constitución modificada para prepararnos para el siglo XXI.

Lo demás, lo demás: flatus vocis, como diría mi difunto abuelo.

Economista. Docente y gestor universitario.