Del corrupto sistema electoral no saldrá nada bueno
… las normas electorales están diseñadas para que la utilización de los fondos públicos destinados a las campañas políticas vayan a parar mayoritariamente a manos de los más grandes partidos políticos.
La reciente transacción entre el Ejecutivo y la Comisión de Credenciales de la Asamblea, por la que se intercambió la aprobación de dos designados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la reactivación de las planillas destinadas a la contratación de personal al servicio de los diputados, muestra el profundo grado de corrupción que existe en el sistema político del país.
Si, además, se tiene en cuenta que dichas contrataciones de personal tienen como objetivo activar y potenciar el proselitismo en favor de los diputados, se evidencia que la corrupción tiene, gracias a un sistema electoral que es definido por los diputados y el Ejecutivo, administrado además sesgadamente por los Magistrados del Tribunal Electoral, un mecanismo para su reproducción ampliada.
La falla institucional fundamental del sistema electoral panameño es que el mismo pone en el centro de su funcionamiento al dinero.
En este régimen el factor determinante es la cantidad del mismo que pueda ser movilizado para inscribir partidos, lograr candidaturas de libre postulación y realizar campañas electorales.
Esto lleva a dos problemas.
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En primer lugar, le da un enorme poder a quienes tengan la capacidad de financiar estas actividades.
Esto lleva a que los sectores económicamente dominantes del país se constituyan por medio de las mal llamadas donaciones en los amos y señores de la política, mientras que los políticos sometidos a los mismos utilizan el dinero para practicar el clientelismo.
En segundo lugar, las normas electorales están diseñadas para que la utilización de los fondos públicos destinados a las campañas políticas vayan a parar mayoritariamente a manos de los más grandes partidos políticos.
Con esto se potencia el dominio de los sectores económicamente dominantes sobre la política, así como la práctica del clientelismo.
Por otra parte, la administración del sistema electoral es utilizada para oponerse, mediatizar y luego liquidar cualquier cambio que tienda hacia la efectiva democratización.
El ejemplo más evidente en este caso es el de las candidaturas de libre postulación.
La clave de la corrupción de esta figura estuvo en la violación del propio Código Electoral por parte de los Magistrados del Tribunal Electoral.
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En efecto, mientras que el Artículo 312 de dicho Código responsabiliza primariamente a los aspirantes a la presidencia por libre postulación por la autenticidad de las firmas, el Artículo 6 del Decreto 10 de 3 de julio de 2019 emitido por el Tribunal Electoral permite trasladar esta responsabilidad exclusivamente a los activistas.
Esto facilitó que los aspirantes a ser candidatos por la libre postulación utilizaran, sin mayor responsabilidad para ellos, activistas que recogieran firmas motivados por el simple fin de lucrar de esta actividad.
Esto llevó a la vergonzosa situación que se observó en el proceso.
A final de cuentas se tiene que concluir que un sistema electoral como el existente, carente de legitimidad y visión ética, no podrá generar un resultado que llegue a beneficiar a la población y resuelva los graves problemas que la misma enfrenta.
Estamos, como me dijo un amigo, frente a una oferta electoral que se parece a un restaurante con un pésimo menú, que presagia una inminente indigestión.
Economista