'El poder y el despotismo duran poco'

A escasas semanas de las próximas elecciones, se observa que los candidatos proponen nuevamente la promulgación de una Constitución. Foto: Archivo

Después de las elecciones y el golpe de Estado por la Guardia Nacional en 1968, se planteó la necesidad de crear un nuevo contrato del orden político a seguir por la población.

La Constitución en 1972, legalizó a nivel constitucional el papel que la institución militar había desarrollado previamente como mediador en los gobiernos civiles, además de eliminarse los partidos políticos que causaban división al momento de gobernar.

La institución militar en el poder, que dentro de sus funciones está la de reprimir acciones subversivas de la población, supo no solo manejar los posibles descontentos sociales, sino que mantuvo el poder durante la mayor parte de la década de 1970, al diseñar una hábil estrategia para finalizar de manera pacífica los enclaves extranjeros en nuestro territorio.

Al lograr exitosamente este objetivo, el gobernante de turno aceptó el reto de compartir el poder con los civiles al no dudar de la victoria de su grupo en algún comicio electoral futuro gracias a la popularidad de sus acciones.

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Aunque la institución militar restableciese la democracia en el país al aceptar a los partidos políticos, estos sirvieron más como pantalla para su continuidad en el poder y su control del Estado.

Sin embargo, al desaparecer la institución armada con la invasión estadounidense de 1989, los partidos políticos quedaron como los únicos ostentadores del poder.

Después de casi 30 años de este evento, es posible preguntarse si este grupo esté anuente a dejar el poder absoluto del que goza legítimamente, como antes los militares, aun cuando supuestamente esté formado por diferentes facciones políticas.

No es así de extrañar que en el período post-invasión se hayan tenido diferentes propuestas infructuosas por modificar la Constitución nacional.

En el quinquenio de 1994-1999, hubo un primer intento rechazado en referéndum por la población al ser convencida por los partidos políticos opositores de la amenaza de que podría ser utilizada para imitar los regímenes continuistas que ocurrían en otros países de la región.

En el quinquenio de 2009–2014, hubo otro intento al reunirse a un grupo de notables de la población civil para ensayar una propuesta más progresista para la época.

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Sin embargo, esta fue rechazada por el presidente.

Para el quinquenio presente, el gobierno consiguió aliarse en un inicio del periodo con el partido tradicionalmente opositor para lograr sus metas, desechando cualquiera opción de cambio prometida.

A escasas semanas de las próximas elecciones, se observa que los candidatos proponen nuevamente la promulgación de una Constitución.

No obstante, también anuncian posibles acciones futuras, como indultos políticos, para crear futuras alianzas y lograr un mejor gobierno junto a los otros partidos, haciendo dudar sus intenciones de cambio.

Si en el pasado la población panameña se amoldó al establecimiento de una gobernabilidad diferente a la tradicional partidista, es comprensible que la ciudadanía en la actualidad, al no sentirse representada, busque formas diferentes de gobernantes al rechazar la reelección de los actuales o apoyar a los nuevos candidatos independientes.

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