El seguro obligatorio de accidentes de tránsito

Abogado, especialista en Tránsito y Seguros

El título del presente artículo es el nombre que la Asociación Panameña de Aseguradores, en íntimo contubernio con la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, le ha dado al instrumento con el cual pretende sorprender tanto al Ejecutivo como a los usuarios de vehículos en lo que se refiere a la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil por daños y lesiones personales a terceras personas, establecidas mediante el artículo 106 del Decreto 160 de 7 de junio de 1993 (Reglamento de Tránsito) y el artículo 58 de la Ley 14 de 26 de mayo de 1993, disposiciones que obligan a que todos los vehículos a motor que circulen en el territorio de la república cuenten con el seguro antes mencionado.
En mi último artículo terminé señalando que "salió otro señor con mucho poder en el gobierno de turno y con intereses en una aseguradora, a perseguir al señor que se le ocurrió hablar del seguro obligatorio de automóviles". Comprendo que algunos se preguntarán qué relación tiene lo del seguro obligatorio de automóviles con la persecución que he denunciado por parte de la oficina que, de acuerdo con el artículo 276 de nuestra Constitución Política, debe fundamentalmente fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección y según lo establecido en la ley, contra la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, entidad que regenté hasta el jueves 22 de marzo pasado.
Debo recordar que tan pronto asumí la Dirección General de la institución perseguida, antes mencionada, en septiembre de 1999, anuncié como parte de mis objetivos, la implementación de las normas existentes en relación al Seguro Obligatorio de Automóviles, antes citadas. A principios del año 2000, luego de haber enviado a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros un documento de trabajo que sirviera de base para la reglamentación del seguro obligatorio y de haber designado ante esa oficina a un representante nuestro en calidad de asesor para el tema, tuve la oportunidad de presentar a los señores miembros del Consejo de Gabinete una sustentación técnico-legal de la necesidad de la implementación del seguro obligatorio de automóviles, en beneficio de las grandes mayorías de los usuarios de las vías de nuestro país. Ese día, luego de nuestra presentación, el señor Contralor General de la República, intervino de una manera acalorada y sin ningún fundamento técnico ni legal, a oponerse a nuestra presentación, apoyándose en la premisa falsa de que dicha medida tenía un alto costo político. Debo aclarar que el señor contralor asiste a las reuniones del Consejo de Gabinete, para que en caso de que algo de lo que se discuta afecte de alguna manera al patrimonio de la Nación, se le pueda consultar. No debería ese funcionario intervenir para atacar la presentación de una iniciativa institucional presentada en virtud de lo establecido en dos normas legales ya existentes. Creo que en ese Consejo de Gabinete pudo quedar la idea de que por alguna razón especial, el señor con mucho poder, salió a oponerse a nuestra presentación por alguna razón en especial. A partir de ese momento, queridos lectores, la institución dirigida por el suscrito pasó a ser la mayormente "auditada", sin ninguna objetividad, en todo el Gobierno.
Volviendo al título del presente artículo, se trata de una propuesta que, como dije, en íntimo contubernio con la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, las aseguradoras han formulado, mediante la cual plantean una póliza obligatoria de automóviles que no pagaría los daños que se causen a los vehículos de las víctimas de un accidente de tránsito, por parte de los responsables del mismo. Fórmula a la cual, lógicamente, por respeto al pueblo panameño, nosotros nos oponemos totalmente.
En nuestra próxima entrega seguiremos explicando el engaño que pretenden las Aseguradoras y la mecánica de la persecución desarrollada por los hombres y mujeres bajo órdenes del señor con mucho poder.