Impunidad, alcoholismo y velocidad

Durante muchos años he sostenido en diferentes foros y medios de comunicación social, que lo indicado en el título de este artículo, son las principales causas de la epidemia de accidentes de tránsito que permanentemente mantiene a la familia panameña llena de luto, dolor y llanto por las víctimas fatales que ocasiona. Las tres conductas son prohijadas por los diferentes gobiernos de turno, que por el pánico que le tienen a la clase transportista, principalmente, y por la falta de interés en la protección de la vida e integridad física de los panameños, no han sido capaces de producir las leyes necesarias para acabar con este problema.
A lo anterior, y que es parte de la impunidad, debemos agregar que en la mayoría de los casos por accidentes de tránsito, las víctimas ni sus familiares son indemnizados económicamente, con la consiguiente afectación de su situación económica, porque las compañías aseguradoras se han impuesto a los gobiernos de turno para que no se implementen las normas legales que establecen el Seguro Obligatorio de Automóviles de Responsabilidad Civil por las Lesiones Personales y Daños causados a Terceras Personas, como consecuencia de los accidentes de tránsito, como lo son el artículo 106 del Decreto Ejecutivo 160 de 7 de junio de 1993, y el artículo 58 de la Ley 14 de 26 de mayo de 1993, ambas sobre el Tránsito y el Transporte Terrestre en la República de Panamá. Estas dos normas están pendientes de reglamentación desde 1993 para ser ejecutadas.
En el 2000, cuando fuimos unos de los únicos países en el mundo en reducir en 108 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en todo el territorio nacional, lo hicimos fundamentalmente coordinando y controlando, con los entonces jefes de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, el exceso de velocidad que practica la mayoría de los conductores de vehículos en Panamá. La Administración que nos remplazó, entre sus primeras medidas, implementó el límite de velocidades, con los resultados que hoy lamentamos.
En uno de mis últimos artículos sobre la materia, expliqué que en Panamá más se castiga al que roba una vaca que el que atropella, mata y se da a la fuga.
Contra el primero, hay detención preventiva y pena mínima de cinco años de prisión; contra el segundo, no hay detención preventiva y la pena mínima es de seis meses de prisión, y si es condenado a la pena máxima, ésta es convertible en días multas, sin el deber de indemnizar a la víctima o a sus familiares.
En países desarrollados y conscientes que, de acuerdo a las cifras que arrojan estudios de las Naciones Unidas, los accidentes de tránsito provocados por la circulación de vehículos a motor constituyen una de las mayores tragedias humanas, sólo comparable por el número de víctimas que ocasionan los grandes conflictos armados o a las catástrofes naturales, junto a los trágicos daños corporales y a las cuantiosas pérdidas materiales, los gobiernos responsables vienen aumentando las penas que castigan las conductas irresponsables en el manejo de vehículos a motor. También implementan en los programas escolares, desde los primeros años, la Educación Vial.
Mis queridos lectores, mientras nuestros gobiernos y quienes ejercen la concesión de la explotación del mismo, no entiendan que el transporte es un servicio público y no un negocio; mientras no se implemente la educación vial desde la escuela primaria; mientras nuestras leyes no castiguen severamente las conductas que generan la mayor cantidad de accidentes de tránsito; mientras la ley penal panameña no tenga sanciones de prisión ejemplares para los conductores responsables de accidentes de tránsito en los cuales resulten muertos y lesionados; y mientras nuestros gobiernos le sigan teniendo pánico a las dirigencias transportistas, seguirá incontrolable el aumento de la epidemia de accidentes de tránsito con consecuencias fatales.
Además, mientras las administraciones gubernamentales no exijan a las compañías de seguros implementar, o no ejecuten mediante una empresa estatal, el seguro obligatorio, seguirá reinando la impunidad.
(hyasoc@yahoo.com)
Doviaza había detallado muy bien aquello que quería revelar a la ciudadanía. Lo que dijo “muchas veces lo medios de comunicación no dicen o por el contrario cambian la noticia sobre estos pueblos apartados”.
El cacique de la región de Pusadrua, con varios collares de chaquira y su taparrabo amarillo inició agradeciendo al equipo periodístico la visita y así como él, como parte de un tácito compromiso, cada uno de los presentes, los más de 60, antes de ocupar su espacio en el tambo se acercaban a chocarnos las manos.
Aprovecharían la oportunidad para divulgar las penurias de vivir sumidos en extrema pobreza y a distancias insospechadas, pero con un alto sentido de la autenticidad de sus costumbres.
El congreso es una reunión local a la que son convocados dirigentes de áreas vecinas para que expongan la realidad de sus comunidades.
Son tres los corregimientos que forman parte de Mogue: La India, Mogue y Llano Bonito, precisamente de este último viajó Alcibíades Calderón, vocero.
“Nosotros queremos que se apruebe el proyecto de tierras colectivas para asegurar el futuro de las generaciones próximas”, explicó en el más claro castellano.
Así como Alcibíades el resto de los presentes mostró sumo interés en que este tema fuera tratado con prioridad. “Urgencia notoria”, se diría en la Asamblea Legislativa y es precisamente a este ritmo que se desarrollaba la discusión.
Doviaza no lo dejó por fuera, pero citó además los problemas de agua, salud y educación que atraviesan irremediablemente.


Uno a uno, los miembros del público fueron pidiendo cortesía de sala. Leonardo Teucamo, quien fue cacique general y considerado ahora “botánico” del pueblo, quiso destacar las bondades de la tierra que lo vio nacer.
“Vivimos en una farmacia donde encuentras medicina para el cáncer, mordidas de culebra, dolor de cabeza hasta infertilidad”, dijo. Las plantas son su cura.

Los que hablaban lo hacían convencidos de que la ciudadanía “nacional e internacional”, como sostuvo Doviaza, los apoyarían.
Rogelio Caisamo se apoyó en la historia de terrenos “que nos pertenecen porque aquí hemos vivido desde siempre”. Su narración fue fluida y citaba con precisión años y nombres.
Emilio, el presidente de la Cultura, señaló que para 1968, la población era de apenas unas 40 ó 50 personas. Ahora son 475 en tres corregimientos y no dejaremos “que nos saquen de ti”.

Antes de concluir el congreso era necesario volver a danzar. Las mujeres lo hicieron en principio y lo repetirían con un número contagioso en el que la más pequeña, de unos cuatro años, se movía al ritmo del carrizo y la caja del conjunto de Emilio.
El baile, según nos explicó Yazury Teucamo, de la Fundación Dobo Yala y presidenta de la Asociación de Mujeres, se llama “danza del mono”.
Las bailarinas, unas 12, saltaban en hilera y recogían sus cuerpos de arriba abajo, tal como el nombre del número lo sugería. Se llevaban las manos a la cabeza y danzaban en círculo.
Los hombres se les unieron luego. El acto se extendió por casi tres horas y los emberás, que es la única etnia radicada en Mogue, se esmeraron porque todo saliera bien y así fue.