Inflación, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria

Antes de la actual situación inflacionaria Panamá ya mostraba problemas con la seguridad y la soberanía alimentaria. Algunos sencillos indicadores ilustran la situación De acuerdo a la FAO en nuestro país en los años que van de 2010 a 2021 cerca de 200,000 personas estaban en condiciones de subnutrición.

A esto se debe agregar que en el 2019 de acuerdo al Banco Mundial el 16.0% de los niños de menos de 5 años sufrían de anemia.

En cuanto a la soberanía alimentaria, la Cepal ha indicado que en América Latina y el Caribe Panamá fue en el 2019 el país con la mayor dependencia externa en su abastecimiento de alimentos. Ese año el valor de la importación de alimentos superó a la exportación en un monto de B/. 2,857.0 millones, suma equivalente al 86.6% de las exportaciones de la Autoridad del Canal de Panamá.

El actual proceso inflacionario de los alimentos, que de mantenerse la tendencia de junio podría llegar a una tasa de 11.4% anual, significa un retroceso de la seguridad alimentaria en dos aspectos importantes para la población: la disponibilidad de alimentos y la estabilidad de la oferta.

En estas condiciones se impone una política de seguridad y soberanía alimentaria con tres objetivos básicos: asegurar una situación de cero hambre; evitar que el proceso inflacionario dañe a la población, sobre todo a la más vulnerable; elevar la producción local eficiente de alimentos.

En relación al primer objetivo el Estado, reconociendo plenamente la alimentación como un derecho humano, deberá asegurar el suficiente abastecimiento para quienes no tengan los medios de producción y recursos económicos para lograr una adecuada alimentación.

En relación al segundo objetivo, se impone una política explícita de regulación de precios que asegure, además, la no afectación del tercer objetivo, es decir el incremento de la producción nacional. Este tiene dos palancas de política. En primer lugar, la regulación de precios que, para no afectar a los productores, debe tomar la forma de una regulación efectiva de los altos márgenes de ganancias, producto del poder de monopsonio de los intermediarios sobre los productores, así como del poder oligopólico de los intermediarios e importadores que venden los productos de primera necesidad a la población.

Es evidente que el segundo objetivo también puede apoyarse en subsidios, en este caso se debe evitar que esto se haga por la vía de un mayor endeudamiento público, o disminuyendo el gasto en algún importante servicio social. El mayor espacio fiscal se debería lograr reduciendo los altos niveles de evasión fiscal del sector corporativo de Panamá, que es de cerca del 10.0% del PIB, así como combatiendo firmemente la corrupción que, según algunos, tiene un costo anual equivalente al 2.0% del PIB. El costo anual de estas dos lacras sociales es de alrededor de B/, 7,632.6 millones.

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El tercer objetivo implica un apoyo integral al productor nacional, sobre todo a los medianos, pequeños y micro productores. Los productores familiares son fundamentales.

Es necesario avanzar en la definición de la estructura del uso de las aguas y la infraestructura que asegure su almacenamiento para uso agropecuario. Es importante asegurar la propiedad de la tierra a los productores familiares.

El acceso al crédito y al seguro agropecuario también son fundamentales para la producción. También lo es el desarrollo de canales de comercialización que acerquen al productor del campo al consumidor urbano, eliminando la especulación de los intermediarios. La infraestructura vial es prioritaria

El acceso en condiciones económicas adecuadas (sin especulación) de los insumos necesarios es otra prioridad, complementada con el desarrollo de técnicas agroecológicas y de uso eficiente de los insumos. Un punto clave indispensable es proteger al productor de la desleal competencia internacional.