La concesión de Panama Ports

Panama Ports se ha vuelto un tema complejo dentro de la opinión pública y aún más para el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

La falta de transparencia en la comunicación; justificaciones de algunos ministros y funcionarios de alta jerarquía, hace sospechar al más inocente de los ciudadanos que algo se oculta, o mejor escrito, Panamá pudo, debió, debe, renegociar un contrato que deja ganancias ínfimas al país.

En una entrevista, el ministro consejero de Facilitación de la Inversión Privada, José Rojas Pardini, defendió la extensión de este contrato, aclarando que él no está para defender a la empresa, sino para representar al Estado. A veces las aclaratorias confunden, pues alegó posteriormente que en el gobierno pasado se firmaron dos concesiones de puertos y ninguna fue mediatizada como esta de Panama Ports; además de acusar que todas las renegociaciones de los Gobiernos anteriores han sido, según el ministro, en contra del país.

Si todo lo planteado es real, se podría explicar porqué el Gobierno anterior no fue reelecto. Su pésima política económica y su desconexión con la necesidad ciudadana recibió un duro golpe en las elecciones del 2019, pero ese pésimo Gobierno, no puede ser, bajo ningún fundamento, la excusa para cometer los mismos errores y ampararse en la mediocridad, justificando lo que se ha dejado de hacer en esta administración.

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Puntualmente los ciudadanos, reclamamos una renegociación del contrato, porque las ganancias de la empresa, sobrepasan por mucho al dueño de la concesión, es decir, el Estado panameño. Tal es la diferencia y la posibilidad de renegociación que, sin hacerla, la empresa en este nuevo contrato le otorgará a las finanzas estatales unos B/. 816 millones en 25 años, lo que prácticamente duplica los B/. 445 millones recibidos en el primer periodo de la concesión. Sin ningún tipo de negociación.

Además, no puedo dejar de comentar en este caso la actuación del contralor de la República, Gerardo Solís, el cual, en un acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP, recomendaba la venta del 10% de las acciones del Estado a la empresa Panama Ports.

Este planteamiento es inconcebible para mi visión de Estado. Panamá debe fortalecer su institucionalidad y seguridad jurídica, sus ingresos económicos en actividades que permitan mejorar nuestras finanzas, pero vender nuestras acciones de empresas que dan dividendo y en las cuales no somos accionistas mayoritarios, con la excusa de usar estos ingresos para solucionar los problemas de hoy, es simplemente populismo adaptado a la inmediatez de la ocasión.

Queremos un Estado fuerte, institucionalidad al servicio de los ciudadanos, basta de políticas populistas. Protejamos nuestra patria que tanto hoy nos necesita.