La impunidad es una asignatura escolar en Panamá

NO SE TRATA de un cuento de hadas o de una novela del género negro en donde lo mismo da que todo suceda o que, bien, nada ocurra. Tampoco le concierne a algunos de los más alucinantes capítulos del tan traído y tan llevado realismo mágico. Pero lo cierto es que Panamá parece ser país en donde es muy frecuente el dicho de que "aquí no ha pasado nada", sobre todo cuando se hace la formal denuncia de un acto de comprobada corrupción, por ejemplo, el conocido caso CEMIS que generó muchas expectativas y grandes esperanzas de que los facinerosos y maleantes de cuello blanco terminaran en una cárcel como La Joya o La Joyita.
La Corte Suprema de Justicia ignora en múltiples ocasiones sus propias responsabilidades y deberes, y da luz verde a prácticas y leyes y normas inconstitucionales.
El concepto de impunidad implica directamente a los delitos que no se castigan o, bien, aquellas graves faltas contra las leyes de un Estado que quedan exoneradas o libres de penas. Y, en el caso panameño, son cientos de hechos que comprueban la práctica de la prevaricación cual consiste en la acción de quien falta a sabiendas a la obligación de su cargo y responsabilidades.
Sobre el sonado caso del CEMIS, y cuya investigación correspondía a la Corte Suprema de Justicia, el asunto se estancó en toda una serie de amañadas y arregladas "investigaciones" e "indagatorias", en donde se engavetó dolosa y criminalmente un hecho que trascendió públicamente y que, finalmente, habría de quedar como un trofeo a la gloria de la impunidad. Según se sabe, hubo una confesión pública de un diputado del PRD, quien hizo serias acusaciones contra otros diputados de haber aceptado sobornos (cartuchitos de billetes) con la finalidad de dar sus votos a favor de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué fue lo que debió haberse hecho en este ominoso caso? Pero no. Todo sucedió como suele ocurrir en el "País de las Maravillas": los delincuentes de cuello blanco fueron amparados por la impunidad de la que sólo disfrutan y gozan los sectores privilegiados de la política local, y la Corte Suprema quedaría con el estigma de ser considerada por la gente decente de Panamá como "nuestra vergüenza nacional" y hasta "Corte de la suprema corrupción", según calificativo de don Roberto Eisenmann, Jr. (La Prensa, 8 de marzo de 2005).
Es larga la serie de actos delictivos cometidos aquí y que no han sido castigados o sancionados penalmente y que, en consecuencia, han quedado en la más absoluta impunidad. Así, por ejemplo, los casos del negociado ilegal e inmoral de Prados del Este, lo sucedido de los "Duro dólares", los fideicomisos de la Caja de Ahorros, el caso de la PECC y que se asocia de manera directa con un ex primer mandatario de la República. Asimismo, quedó paralizada la debida investigación sobre la equiparación de Panama Ports, la Fundación Mar del Sur, la nave aérea HP-1430, también el tema del la ley de acceso a la información y sobre la cual la ex presidenta de la República dictó un reglamento que establecía restricciones relevantes para poder acceder a cualquier tipo de información pública.
Pero de todo lo expresado, uno se siente compelido a sustentar la tesis de que muchos de estos actos corruptos, y que quedan impunes o sin castigos de cárcel, son nuestras mismas leyes, porque éstas están concebidas y fabricadas de tal manera que por cuestiones puramente formales. De tal manera que se cierran todas las puertas de entrada para tener acceso y pleno derecho a lograr la demostración de que un magistrado, un ministro, un presidente o ex presidente es culpable de un grave delito, y mucho menos que vaya a pagar sus faltas, no a domicilio por cárcel sino a una cárcel común. Uno pudiera hasta decir que las leyes penales panameñas se han hecho para favorecer a los "cocotudos", monos gordos y gente de cuello blanco y que el hijo de la cocinera vaya a dar con sus huesos a cárceles inmundas, insalubres y fabricantes de odios y resentimientos.