La Ley vs. la impunidad

EN EL PAÍS la impunidad se ha impuesto sobre nuestras leyes. El problema No. 1 que tiene Panamá es el predominio de la impunidad que se ha colocado por encima de nuestras leyes. Corrupción la hay, la hubo y la tendremos siempre. Lamentablemente es algo inherente al ser humano que tuvo sus inicios en el propio "Paraíso Terrenal".
La corrupción existe igualmente en otros países, pues sus hombres son proclives a delinquir, afortunadamente, son una minoría. Sin embargo, en muchos de los países la justicia constituye un freno a los delincuentes. El ejemplo más reciente lo tenemos en Costa Rica para no remontarnos a otras latitudes. Dos de sus ex presidentes están en la cárcel cumpliendo arresto preventivo mientras se profundizan las causas de los delitos por los cuales han sido acusados. Hay otro ex presidente que se encuentra fuera del país y que trató de utilizar la tecnología de los satélites para declarar a su favor. Esto no fue aceptado por las autoridades judiciales quienes le reiteraron la orden de regresar a su país y lo más probable también es que sea encarcelado.
Si bien Costa Rica sufrió un golpe muy duro, en especial su clase política, prevaleció la justicia en el país sobre la impunidad y saldrá a fin de cuentas ganando en el respeto colectivo hemisférico.
En Panamá, por el contrario, desde tiempo atrás la justicia dejó de tener credibilidad. Nuestras instituciones se escudan una en la otra y hay una confabulación para eludir responsabilidades y evitar que las sanciones se impongan a quienes la merecen por sus actos de corrupción. Allí están como ejemplos sólo dos casos: el CEMIS y Panama Ports.
En los últimos años ni un solo acusado de malos manejos fue procesado y condenado por sus delitos. Casi fui yo el que iba a parar a la cárcel, por atreverme a denunciar la corrupción del régimen. Lo hice cuando estaban "arriba" y tenían poder, no cuando "bajaron" y poco daño podían causarme. El gobierno entero, como me lo esperaba, me cayó encima y se me acusó de todo: fui calumniado, injuriado y perseguido. Hoy las muchas denuncias que a diario se hacen públicas confirman mis acusaciones.
Lo cierto -y da tristeza decirlo- es que hasta ahora en nuestro país la impunidad se ha impuesto sobre nuestras leyes. El ciudadano con justificada razón está perdiendo por completo el respeto en nuestras instituciones y, por supuesto, en la eficacia de nuestras leyes, en nuestros hombres públicos y en la clase política. Hemos llegado al punto de que hay una carencia total de respeto. Nadie cree en nada ni en nadie y nuestras leyes y reglamentaciones pareciera que son sólo adornos.
En días pasados me comentaba, con legítima preocupación, mi amigo, Gustavo Pérez, Director de la Policía Nacional, los serios problemas que confronta con los "tranques" que se viene dando en el tráfico capitalino. El irrespeto a las leyes y reglamentos es algo increíble. Me manifestó que en "boletas", por infracciones cometidas, hay pendientes de pago más de B/.30 millones. Le comenté que tenía entendido que había chóferes de los "diablos rojos" que tenían decenas de estas boletas acumuladas en las "guanteras" de los buses a las cuales no le prestaban la más mínima atención. Eso, por supuesto, le dije, es un mensaje muy negativo para el agente de tránsito. Este pierde todo incentivo y voluntad de reprimir a quien insistentemente día tras día comete los mismos delitos y sigue impune sin sanción ni arrepentimiento.
Así como en el tránsito, muchos chóferes se consideran por encima de la ley, existen también delincuentes quienes a los pocos días de ser arrestados por cometer graves crímenes son puestos en libertad por arte del "birlibirloque" de nuestras leyes y las actuaciones de muchos de nuestros jueces y abogados. En la construcción, igualmente, los reglamentos urbanísticos son constantemente burlados y así podríamos incursionar en otras esferas donde queda demostrado el poco respeto que en nuestra sociedad existe por el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas. Estamos, pues, frente a una disyuntiva: tiene plena vigencia la ley o la impunidad seguirá imperando en nuestro medio para consternación de unos pocos y felicidad de quienes delinquen a diario.
La historia nos enseña que todo pueblo que permite que el miedo se adueñe de su sicología ve aparecer fatalmente en sus instituciones ciertos desequilibrios. Para luchar eficazmente contra el terrorismo todo gobierno y todo pueblo deben proceder a través del conocimiento de los datos de la realidad tanto nacional como global. En Panamá hay males que dependen de la moralidad. La corrupción es uno de ellos y está provocando violencias que por ahora parecen ser sólo psicológicas en la convivencia nacional. A ningún panameño se le podrá convencer que una de nuestras urgencias nacionales es el peligro del terrorismo y que, por tanto, debemos hacer todo lo que Estados Unidos nos solicite.
Al mismo tiempo, ningún panameño podrá comprender que el Gobierno gaste su capital de confianza en el ocultamiento o la ambigüedad de unas conversaciones con el Sr. Rumsfeld que por ahora no sabemos en qué han consistido y cuáles han sido sus alcances.