La lucha contra la minería es por la Vida, no por unos dólares más

En debate generado por la lucha por el rechazo del nuevo contrato con la transnacional minera, han venido apareciendo algunos sectores que proponen que la minería metálica debe ser considerada como un sector estratégico para el logro del desarrollo humano sostenible en Panamá. Para éstos, el problema simplemente está en que la empresa entregue al país una mayor proporción de la renta minera. Desde luego que es cierto que la oferta de la parte de la misma que se otorgaría al país es irrisoria, pero el problema es mucho más complejo.

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Si nos referimos a lo que Eduardo Gudynas llama impactos locales, se puede señalar que los habitantes de las áreas afectadas por la mina verán seriamente dañados los servicios ambientales que les son necesarios como soporte de la vida y para su bienestar. Si nos referimos a la Guía Para Evaluar Proyectos Mineros, publicado por la Evironmental Law Alliance Worlwide (2010), se puede apreciar que la minería a cielo abierto muestra cerca de 17 tipos distintos de impactos ambientales, capaces de comprometer la vida y la salud de los seres humanos, a lo que se debería añadir el efecto sobre el cambio climático.

El problema es que este impacto sobre la morbilidad y la mortalidad no se puede medir con un simple valor económico. Tanto quienes han desarrollado la visión de la Ecología Política, como Joan Martínez Alier, como quienes han desarrollado la corriente de la Economía Política Ecológica, como es el caso de John Bellamy Foster, coinciden que se trata de elementos que son inconmensurables. Siguiendo a Frank Ackerman y Lisa Heizeling en su obra Priceless, se puede afirmar que ni la vida ni la salud son mercancías que se puedan tranzar por un precio con una transnacional.

Tenemos, entonces una primera expropiación que provocaría el nuevo contrato minero: la expropiación de la población del área de la mina de los servicios ambientales que le son necesarios. No se trata de la única expropiación.

Herman Daly quien puede ser considerado como uno de los padres fundadores de la Economía Ecológica, ha llamado la atención en su libro Beyond Growth (1996) sobre lo que el llama los limites ético - sociales del crecimiento económico. Aquí no solo incluye el compromiso con las futuras generaciones. También incluye el hecho de que no se puede seguir destruyendo el hábitat de las especies, violando el derecho intrínseco a la vida de las mismas, tal como lo hace la minería a cielo abierto. Otra vez topamos con el problema de la inconmensurabilidad.

Tenemos entonces, una segunda expropiación. la que en este caso afecta a la propia naturaleza. Es lo que John Bellamy Foster y Brett Clark en su libro Robbery of Nature (2020) han reconocido como un robo a la naturaleza, por la que se le niega a la misma las condiciones de su reproducción normal. Esto provoca la llamada ruptura metabólica, la cual termina por afectar la propia vida humana (sobrecalentamiento, pérdida de biodiversidad, etcétera), dado que los humanos somos parte de la naturaleza, cuya degradación nos impacta a todos.

Existe una tercera expropiación, la cual se refiere a la soberanía de la Nación, ya que el contrato minero simplemente transfiere directamente las decisiones sobre la forma de relacionarnos con la naturaleza a una transnacional, cuyo objetivo es simplemente el de elevar sus ganancias, aún a costa de nuestra sostenibilidad ambiental. Se desvanece así la idea de la sociedad de los ciudadanos y ciudadanas libres definiendo su destino. La lucha contra el contrato minero debe centrarse en la defensa de la vida y no en un debate sobre el valor económico de la entrega.

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