La mina de Donoso ante un nuevo acuerdo responsable

Panamá tiene la oportunidad de encauzar el futuro de la mina de Donoso mediante un nuevo acuerdo que permita recuperar actividad productiva, asegure el cumplimiento de las obligaciones ambientales y respete el orden constitucional. La conferencia del 30 de septiembre, con los ministros Julio Moltó, Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro, aporta elementos para construir una solución que proteja el interés nacional y ofrezca estabilidad.

La Comisión Interministerial recomendó evaluar un nuevo acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y establecer condiciones para la puesta en marcha de la operación. Esa propuesta merece consideración favorable: aprovechar la capacidad económica del sitio puede proporcionar los recursos necesarios para sostener sus responsabilidades ambientales. Corresponde concretar un marco jurídico que haga viable esa solución y establezca compromisos verificables.

El Código de Recursos Minerales aporta una razón decisiva. Su artículo 115 exige restaurar el terreno y eliminar las condiciones peligrosas antes de dar por concluida o abandonar una operación. El artículo 291 preserva las responsabilidades legales aun cuando termine la concesión. Estas obligaciones deben contar con respaldo económico y garantías suficientes. Si los recursos empresariales resultan insuficientes, existe el riesgo de que el Estado deba asumir materialmente tareas de protección y mantenimiento, aunque subsista la responsabilidad de la empresa.

Las obligaciones de preservación y no abandono necesitan una fuente de financiamiento sostenible. Si la empresa no desarrolla una actividad que genere riqueza, no resulta sensato presumir que podrá sostener indefinidamente los costos de mantenimiento, seguridad y rehabilitación. El riesgo permanece en territorio panameño y sus consecuencias pueden alcanzar a toda la sociedad. El nuevo acuerdo debe permitir una operación económicamente viable y asegurar que las obligaciones ambientales no terminen siendo financiadas por los ciudadanos.

Desde la perspectiva fiscal, el ministro de Economía y Finanzas propuso que la solución no represente un costo para el presupuesto nacional. Según la estimación oficial presentada, las tareas correspondientes a la etapa final de la operación y al mantenimiento posterior podrían acumular entre B/. 2,600 y B/. 3,400 millones durante diecisiete a diecinueve años. Esa magnitud exige una estructura financiera capaz de atender las responsabilidades del sitio sin comprometer fondos destinados a otras necesidades públicas.

Ese propósito debe traducirse en un fondo destinado a la rehabilitación y al mantenimiento posterior, con aportes definidos, administración transparente y garantías ejecutables. El nuevo acuerdo debe precisar quién cubre los sobrecostos, cómo se protegen los recursos y qué mecanismos aseguran su disponibilidad durante todo el período requerido.

El ministro de Comercio e Industrias destacó las consecuencias sobre trabajadores, proveedores y comunidades. Recuperar actividad productiva significa abrir oportunidades para hogares y empresas que necesitan estabilidad. El nuevo acuerdo debería incorporar formación laboral, compras locales competitivas y acompañamiento municipal, contribuyendo a una economía regional más diversificada.

Sostengo que es posible recuperar la operación de la mina de Donoso, cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y cuidar el medioambiente. Para alcanzar esos objetivos, el nuevo acuerdo debe sustentarse en una fórmula constitucionalmente válida que atienda los fundamentos de la sentencia y establezca obligaciones claras, plazos definidos y controles ambientales efectivos.

Resolver los arbitrajes pendientes como condición del nuevo acuerdo ofrece una oportunidad para reducir la incertidumbre. Las reclamaciones no equivalen a deudas reconocidas; sin embargo, a mi criterio, las defensas del Estado son limitadas. Por ello, resulta necesario alcanzar compromisos equilibrados que resuelvan las controversias y protejan el interés nacional.

Impulsar un nuevo acuerdo responsable supone construir una solución realizable, con participación comunitaria, información pública y supervisión independiente. Panamá puede recuperar oportunidades y generar riqueza mediante una operación que cumpla sus deberes ambientales. Ese debe ser el propósito: asegurar que la actividad económica contribuya al bienestar del país y proporcione los recursos para atender sus responsabilidades presentes y futuras.